ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
El asesinato del periodista de la Tierra Caliente, Cecilio Pineda Birto, es un hecho que se suma a una cadena de acciones violentas contra comunicadores en lo que va de un año a la fecha.
Primero está el asesinato, en abril del año pasado, del periodista taxqueño Francisco Pacheco Beltrán, quien era al momento de su muerte, corresponsal de El Sol de Acapulco, y fundador del periódico El Foro de Taxco.
En el momento en que se supo de su asesinato, El Foro de Taxco emitió un mensaje vía Twitter confirmando el hecho y pidiendo: “que su muerte no sea una estadística más”.
Sin embargo lo es. Hasta el momento, no se conoce ninguna pista visible sobre el atentado, ni tampoco que la Procuraduría General de la República haya atraído el caso a través de la Fiscalía Especializada en Agravios a Periodistas. Es el ominoso caso de una nueva estadística, que aumenta la lista de casos de periodistas asesinados que quedan sin ninguna investigación. De nada sirve que las autoridades digan que pondrán todo el empeño para que se localice al autor o autores y se les castigue, si no pasa nada. Inclusive, cobrar la póliza de seguro del Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP) ha sido todo un viacrucis para sus familiares.
Pero del caso de Pacheco Beltrán no se sabe porque nadie quiere saber. Al menos, no las autoridades. En Taxco era antes y lo fue después de su muerte, un hecho conocido que el periodista mantenía roces con el presidente municipal priísta Omar Jalil Flores Majul, a quien criticaba a menudo y, cuando lo hacía a través de sus cuentas de Facebook, etiquetaba la publicación al alcalde, quien siempre se molestaba mucho.
Eso no significa necesariamente que el alcalde lo haya mandado a matar, pero sí implica que era una línea destacada que debería ser investigada. Ello podría confirmar o descartar definitivamente su posible participación en el atentado. Desde luego, de ser inocente, el propio alcalde sería beneficiado al retirar la sospecha pública sobre su persona.
Pero la Fiscalía no quiso meterse en embrollos, y como suele suceder, no lo investigó. Así sucedió en su momento con el alcalde de Iguala en el asesinato de Arturo Hernández Cardona; y con Saúl Beltrán Orozco, acusado ahora de haber asesinado a un trabajador del municipio de San Miguel Totolapan, donde él era alcalde; y casi sucedió lo mismo con Willy Reyes, en el asesinato del diputado Villanueva de la Luz, si bien a este la Fiscalía sí lo acusó formalmente y anda prófugo.
El caso de Cecilio Pineda Birto tiene un sesgo similar: en el último día de su vida, publicó un video en su cuenta de Facebook donde cuestiona los 10 días que el Congreso dio de aplazamiento al desafuero del diputado Beltrán Orozco –vinculado con el presunto secuestrador conocido como El Tequilero-, y reveló que ex sicarios del delincuente están dando información de dónde tiene su guarida, con quiénes se acompaña y todos los datos para detenerlo, pero las autoridades “no lo quieren detener”.
Pineda Birto dijo en esa publicación que al parecer hay “intereses muy, muy fuertes” entre autoridades y delincuentes, y anticipó que estando así el asunto, podría haber más muertes. Solo tres horas pasaron desde la publicación del video cuando él era asesinado. Los señalamientos que hizo, entre ellos, al comandante regional (no precisa de qué corporación) en el sentido de que los policías hacen labores de seguridad para las esposas de los delincuentes, necesariamente tendrían que ser tomados en cuenta, pero el fiscal Xavier Olea ya dijo que la línea más fuerte en el atentado es el crimen organizado, aunque sin entrar en detalles sobre los señalamientos a Beltrán o a este comandante.
Abisdahi Romero Rodríguez era director de Noticias del noticiario Enlace en la Costa Grande, de Radiorama. Llevaba su vida tranquila hasta que empezó a publicar a micrófono abierto, denuncias de los ciudadanos respecto a la inseguridad. Los que hablaban a la estación, empezaron a dar detalles de dónde se vendía la droga, quienes conducían las motocicletas utilizadas tanto para distribuir la mercancía como para realizar ejecuciones.
Resultado: entre diciembre y enero pasado sobrevivió a tres intentos de levantones, y ahora está bajo el cuidado del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Es un hecho ineludible que las agresiones a comunicadores se ha vuelto una realidad ominosa. Los tres casos que se mencionan ocurrieron en menos de un año, y los tres son fatales. Solo Abisdahi Romero pudo librarse de convertirse en otro periodista asesinado.
La historia anterior a estos casos es igualmente abrumadora. Desde 1993 a la fecha, solamente dos ataques a periodistas han terminado con un procesado: el de Rafael Aguilar Villafuerte, en Ciudad Altamirano; y el de Amado Ramírez en Acapulco. Ni la desaparición del jefe de Información de Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, ni la del director de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas; ni los asesinatos del conductor Juan Daniel Martínez Gil y los más de 10 que ocurrieron durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, han sido aclarados.
Por ello es importante exigir a las autoridades que se avoquen a su trabajo, y que den resultados.
