*El Panel Ciudadano del PUEDJS de la UNAM cuestionó la narrativa de una supuesta “elección de Estado” en el actual proceso electoral, identificando áreas de mejora y alerta que requieren atención inmediata
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 17 de mayo de 2024. El Panel Ciudadano de expertos convocado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuestionó que durante el presente proceso electoral se esté viviendo una “elección de Estado”.
En el marco su segundo informe sobre el proceso electoral 2024, el director del PUEDJS de la UNAM, John M. Ackerman, afirmó que “se percibe un uso irresponsable de esta categoría jurídica”. Explicó que en décadas pasadas el partido hegemónico manipuló las elecciones para perpetuarse en el poder y descartó que ahora se cumplan las mismas condiciones.
Detalló que este concepto engloba “una intervención directa y clara del gobierno en la utilización de programas sociales; la subordinación de los órganos electorales; operativos masivos de compra y coacción del voto; control sobre los medios de comunicación; rebase de los límites de gastos de campaña”, que en la actualidad no se cumplen.
En general, el Informe Ciudadano identifica áreas de mejora y focos de alerta que requieren la atención inmediata de autoridades, partidos políticos y ciudadanía.
Además, dentro de la página electrónica del PUEDJS de la UNAM se habilitó una plataforma “de denuncia de irregularidades electorales, en estas dos últimas semanas del proceso electoral va a ser muy útil; queremos que la ciudadanía en general reporte, denuncie, cualquier intervención indebida al proceso electoral”.
Por otra parte, el académico Gabriel Corona subrayó los 64 asesinatos registrados en lo que va del proceso electoral, “que superan los 30 asesinatos ocurridos en el proceso electoral de 2021. Esto nos debe de llevar a reflexionar sobre la importancia de que las instituciones del Estado mexicano garanticen la integridad de las personas aspirantes a cargos de elección popular; pero también, para generar un clima de confianza y de participación ciudadana el próximo 2 de junio”, dijo.
El profesor universitario de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán-UNAM resaltó, a manera de recomendación, que “se refuercen las acciones para proteger a las personas que tienen alguna candidatura a puesto de elección popular y que esto elimine, o, al menos, atenúe la violencia de los últimos meses en el proceso electoral actual”, sostuvo.
En materia de “desinformación y guerra sucia en redes sociales” Irene Soria, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, advirtió la existencia de “una sistematización y automatización de estas cuentas que hace suponer el uso coordinado de bots” a partir de comportamientos anómalos en más de 26 mil cuentas y más de 10 mil mensajes con “hashtag equivocados; hashtag con faltas de ortografía; o con diferentes errores tipográficos”.
En este sentido, la académica recomendó a las autoridades electorales a “actuar con diligencia para resolver estas denuncias por ciertos partidos en torno a la guerra sucia y a la desinformación o desinformación en estas redes; volver a poner en el renglón a que las redes socio digitales se responsabilicen al respecto de estos comportamientos anómalos”.
Sobre la violencia política en razón de género, la académica Ivone Acuña, de la Universidad Iberoamericana, expresó que “observamos la resistencia y la persistencia de esas conductas; ejemplos hay muchos y los encontramos en diversos ámbitos, ahora el proceso electoral, tanto en el nivel local, como en el nivel federal; y podríamos pensar que a nivel local es más reiterado porque, tal vez, estamos hablando de contextos en lo que la costumbre impone a la personas, conductas con la normalización de la violencia”.
Sobre el acceso a la justicia electoral, Eduardo Huchim, ex consejero electoral, subrayó la omisión desde el Senado de la República “cuando no nombra a dos integrantes de la Sala Superior, pero a otros 47 magistrados de las salas regionales del mismo Tribunal Electoral y de los órganos estatales. Es una grave irresponsabilidad, que parece que no ha permeado en la opinión pública y particularmente en las fuerzas políticas que no hayan existido lo suficiente, ni hayan hecho lo necesario, en el Senado para que esto no ocurriera”.
Por este motivo, subrayó la petición para que el Senado “haga lo necesario para resolver este problema y evitar que la elección presidencial, que además será la elección de la primera presidenta de México, tenga esa sombra ¿para qué ensombrecer una decisión tan importante en un momento que muy probablemente será histórico porque es casi seguro que tendremos una mujer en la Presidencia de la República”, expuso.
En el tema de interculturalidad, Sofía Salgado, del IJS-UNAM, puso énfasis en dos rubros que consideró importantes; la simulación partidista de simulación de candidaturas indígenas y, la imposición de criterios jurídicos por parte de las autoridades electorales “que no toman un criterio, más allá de las prácticas propias de los pueblos y de las comunidades indígenas”.
“La autoridad electoral debe usar todas sus facultades para allegarse de información, la mayor cantidad de información que pueda legitimar estas postulaciones; y, una segunda recomendación es que las autoridades electorales deban actuar conforme a los criterios que mayor garanticen estas autodeterminaciones de los pueblos indígenas”, expuso.
Gabriel Corona agregó que sólo hay un tercio de las personas integradas en la lista nominal electoral de un universo de 90 mil personas en condición de privación de su libertad pero que aún no han sido sentenciadas.
El académico de la FES-Acatlán explicó que esta situación se debe, en mayor parte, a la falta de acceso para tramitar una credencial para votar en los diversos centros penitenciarios del país. “Por eso es tan importante que las autoridades electorales faciliten, den asesoría jurídica y el acompañamiento a las personas privadas de su libertad para que puedan tener credencial de elector y puedan hacer su registro de manera exitosa”, señaló.
Sobre la compra y coacción del voto, Eduardo Huchim abundó en que hoy en día “tiene menos efectos reales, pero, no por eso, deja de ser un delito electoral”. Por este motivo el ex consejero, recomendó que “las autoridades electorales actúen en contra de la compra y coacción del voto, también en otras irregularidades, pero, como dice el informe es un fenómeno lamentable, deplorable, pero histórico en México”.
Sobre la intervención de la Iglesia en el proceso electoral, Sofía Salgado expuso dos casos donde ministros de culto han hecho llamados para votar a favor de un partido político; por lo que recomendó “a las plataformas socio digitales a detectar el contenido religioso, pero va más allá de solicitarlo, sino que, las autoridades electorales pongan cartas en el asunto de manera preventiva, y de manera oficiosa, con el fin de garantizar este principio de laicidad”.
Ivonne acuña agregó la necesidad de que las casas encuestadoras transparenten sus metodologías, debido a que la influencia de los resultados exhibidos, van dirigidos a cierta parte de la sociedad que, no necesariamente están ampliamente informados, “porque la idea es convencer a la gente de que eso realmente va a pasar”.
En materia de ciberseguridad, Irene Soria enlistó algunos temas que las autoridades electorales deben garantizar para gestionar la vulnerabilidad en materia de riesgos, por ejemplo, “implementar un enfoque sólido, enfoque holístico de ciberseguridad que aborde seguridad en la infraestructura crítica, seguridad en la red, seguridad en la nube, seguridad de datos, en las aplicaciones que utilizan los capacitadores electorales, seguridad en los puntos de conexión y las políticas en la gobernanza de datos
