DANIELA PASTRANA /
Mazapil, 28 de octubre de 2019. Esta puede ser una historia del reino del revés: una empresa minera renta a unos campesinos sus tierras a 50 centavos por metro cuadrado a cambio de programas sociales que no cumple y, además, les quita el agua (lo que no estaba en el contrato). Los pobladores cierran la entrada de sus tierras hasta que les paguen el adeudo y piden ayuda de sus gobernantes. Pero en lugar de echar a la empresa deudora, el gobierno estatal amenaza a los campesinos estafados con meternos a la cárcel. Y el gobierno federal, que ha prometido cuidar a los pobres, los responsabiliza de las pérdidas de una compañía que explota la mina de oro más importante de América Latina.
No es ficción. La mina en cuestión es la canadiende Newmont-Goldcorp. Los campesinos son los ejidatarios del pueblo de Cedros, en Mazapil, Zacatecas. El gobernador es el priista Alejandro Tello Cisterna, quien el viernes, en conferencia de prensa, advirtió que ya se preparan las carpetas de investigación para encarcelar a los pobladores que bloquearon el acceso.
Y la Secretaría de Gobernación, que funge como mediadora, emitió este domingo un comunicado de prensa, en el que asegura que “los trabajos de la empresa Newmont-Goldcorp en la zona benefician a más de 60 mil personas -directa e indirectamente- y, a su vez, la comunidad se beneficia con la construcción de una planta de tratamiento de agua, una cancha de béisbol, futbol, una alberca, una plaza pública, además de la infraestructura financiera y física para el funcionamiento permanente de la propia empresa”.
La suspensión de la mesa de trabajo que se realizaría este domingo, insiste la dependencia federal en su comunicado No. 66/2019, se debió a que una de las partes (los pobladores) “al incumplir los acuerdos, mantener el bloqueo en la mina y no permitir su operación, puso en riesgo -directa e indirectamente- 60 mil empleos”. Por ello, exhorta al “estricto cumplimiento” del acuerdo suscrito, con el fin de mantener y preservar la operación de la mina, “de modo que sean las autoridades quienes reciban las denuncias correspondientes ante presuntos hechos delictivos”.
Antes del comunicado oficial, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que acompaña a los ejidatarios en su lucha, había emitido una acción urgente, por considerar que las declaraciones del gobernador implican un riesgo inminente contra la integridad física y psicológica de los ejidatarios.
“Ellos están luchando por recuperar sus tierras, por defender el medioambiente, por su derecho a la vida, a la salud y a un trabajo digno. Pero sobre todo, lo que quieren es el agua del socavón, que las actividades de la empresa ya secaron”, explica vía telefónica Magdalena López Paulino, de la Red Solidaria Década contra la Impunidad
— ¿Puede haber una solución que no sea el cese de operaciones de la mina?
— Pues para empezar que cumplan sus compromisos, porque ni eso han hecho, medidas de mitigación y de protección al medioambiente. Pero no cumplen nada y encima responsabilizan a los pobladores de la pérdida de los empleos.
El conflicto
Este es un resumen del conflicto, de acuerdo con la acción urgente emitida:
La compañía transnacional minera Newmont Goldcorp, apoyada por la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Economía, acaparó la tierra propiedad de ejidatarios de Cedros a través de “convenios de ocupación temporal” (convenios donde la empresa ocupa por determinados años las tierras y luego las devuelve).
La empresa pagó a los ejidatarios a 50 centavos el metro cuadrado de la tierra arrendada por 30 años (recibirían unos 50 mil pesos por las tres décadas), son terrenos de donde extraerá 13 millones de onzas de oro los próximos 19 años.
El 17 de marzo de este año, la comunidad cerró los accesos a la mina. El cierre duró 81 días, hasta el 14 de junio, cuando la intervención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la presión de los directivos de Newmont y Goldcorp, forzaron a los ejidatarios levantaron el bloqueo, sin que ninguna de sus demandas se les solucionara.
Las mesas de trabajo se iniciaron en la Secretaría de Gobernación y Sánchez Cordero designó al Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, para coordinar las negociaciones; pero tampoco hubo avances.
El 23 de agosto en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la minera Peñasquito como una “importante fuente empleo” en el semidesierto del estado de Zacatecas.
El 14 de septiembre, en asamblea general en la que participaron 350 de los 442 ejidatarios, los pobladores decidieron por unanimidad reanudar el bloqueo y cerrar los accesos a la mina.
El 7 de octubre los ejidatarios levantaron el bloqueo, bajo la promesa de reiniciar las mesas de diálogo, pero ante la omisión del gobierno y de la empresa, el 23 de octubre volvieron a cerrar.
El 26 de octubre, gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cisterna, declaró en una conferencia de prensa que enviaría a la Guardia Nacional a abrir la mina. “La empresa le exige al estado que se ejecute la ley”, dijo el mandatario.
También advirtió que a principios de esta semana se judicializarían las acciones contra los ejidatarios y que en el ámbito federal se están preparando carpetas con delitos mayores que llevarán a la prisión a los líderes.
Este sábado, Gobernación emitió su comunicado en el que asegura que la mesa de negociación “ha resuelto 14 de 19 puntos y solo ha suspendido su actividad por la ausencia voluntaria de una de las partes”.
Por ello, la dependencia exhortó a que la empresa Newmont-Goldcorp “continúe con la conveniente aportación del beneficio social en favor de sus trabajadores y de los habitantes de Zacatecas” e invitó a las partes a reintegrarse a las mesas de negociación y “apegarse a los acuerdos comprometidos públicamente ante la sociedad mexicana”.
Acción urgente
Frente a las amenazas, los pobladores decidieron retirar el bloqueo que tenían desde el viernes y volver a la mesa de diálogo, previsto para el 4 de noviembre.
Mientras tanto, la Red Solidaria solicitó seis medias para evitar poner en riesgo la integridad de los ejidatarios:
1.- Que de manera inmediata se les brinden las medidas cautelares protegiendo convencionalmente la vida, la integridad física y psicológica de los ejidatarios de Cedros y de Mazapil, Zacatecas
2.- Que se les proteja del despojo de sus tierras, que viene realizando la compañía transnacional Newmont y Goldcorp.
3.- Que no se criminalice su protesta social, enviando a la mina a la Guardia Nacional, en contra de los ejidatarios de Cedros.
4.- Realizar una investigación inmediata, exhaustiva y eficaz para sancionar a los responsables del despojo a las tierras de los ejidatarios de la comunidad de la comunidad de Cedros.
5.- Garantizar a la comunidad de Cedros y Mazapil la protección del medio ambiente, garantizar el derecho a la vida de los habitantes, a la integridad personal, a la salud, al agua, al derecho a un trabajo digno.
6.- A las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional en el ámbito de sus atribuciones demandar del Estado mexicano el rápido cumplimiento de estas peticiones ante la gravedad de los hechos.
Foto: Leonardo García Treviño / Cuartoscuro
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