* Hay 242 comunidades en estado de emergencia, relatan representantes de la zona indígena y reclaman ser tomados en cuenta igual que Acapulco
* El techo social está roto: salud, educación, comunicación, sin operar, dice Tlachinollan; hay gente que duerme fuera de sus comunidades, otras están encerradas, no pueden entrar los vehículos ni para llevar alimentos, relatan
REDACCIÓN /
Tlapa, 09 de octubre de 2024. Autoridades comunitarias y representantes de organizaciones sociales demandaron declaratoria de desastre para19 municipios de La Montaña por los daños causados por el huracán John, así como un plan integral de reconstrucción y que los gobiernos estatal y federal volteen a verlos.
En una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señalaron que se ha documentado la existencia de 242 comunidades indígenas que están en estado de emergencia, con carreteras rotas, cerros deslavados, casas destruidas, incomunicadas para el transporte de vehículo de modo que ni alimentos les puede llegar, y con las cosechas perdidas por el desastre.
La conferencia estuvo presidida por el director del Centro de Derechos Humanos, Abel Barrera Hernández, y el abogado Vidulfo Rosales Sierra, y acudieron unas 60 personas, autoridades comunitarias, comisariados, delegados y representantes de la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias para la Defensa del Territorio (Craadet), policías comunitarias y otras organizaciones campesinas de la región.
En sus diferentes participaciones, los representantes se quejaron de que las autoridades estatales y federales no los han volteado a ver como sí lo han hecho con otras regiones como Acapulco. Los de Tlachinollan dijeron que debe aplicarse la reforma constitucional recientemente aprobada, que da personalidad jurídica a las comunidades indígenas y asignarles a ellas el presupuesto para la reconstrucción, como se ha hecho con los caminos rurales, lo cual ha demostrado que en las comunidades indígenas hay eficiencia y buen manejo del recurso.
Marcelino Moreno, de la CRAC de Espinoblanco, señaló que en Malinaltepec hay derrumbes y destrozo de los cultivos de café y maíz, y de las propias viviendas. Germán Cortés Morales, de Craadet, dijo que en Marquelia, San Luis Acatlán, Tlacoapa, Santa Cruz del Rincón, Iliatengo, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte llevan 15 días sin ver a un representante gubernamental, porque los caminos están destrozados y les impiden el paso, sin embargo, consideró que aún así el gobierno debería mandar alguien para que vea el desastre.
María Estela Espinoza, de Tlacoapa, quien dijo hablar en nombre de las mujeres, señaló que no hay atención médica para embarazadas, para mujeres que perdieron sus casas, hay comunidades que todavía están sin energía eléctrica porque los postes se cayeron y nadie los ha ido a reparar, señaló que en Dos Ríos y el Progreso se cayó un muro en el área del panteón y los muertos fueron arrastrados a la calle.
Uno por uno, los representantes fueron señalando los casos particulares de sus municipios, pero con la coincidencia en que las escuelas están cerradas, los hospitales y centros de salud, sin médicos ni atención, las mujeres embarazadas no tienen dónde atenderse, los cerros están deslavados, y hay muchas poblaciones que están totalmente incomunicados, no pueden ni llevar alimentos, y en los casos donde pueden conseguir maíz, deben cargar a pie los bultos de 50 kilos.
Demandaron que haya un plan integral para la recuperación, pues además 80 por ciento de los caminos rurales construidos durante el gobierno de López Obrador fueron destruidos por las lluvias. Recordaron que en la Montaña ya sufrieron los embates de Ingrid y Manuel en 2013 y ahora con el huracán John, y que no quieren que se repita la situación que hubo en ese año, cuando el gobierno se desentendió y la gente de la Montaña tuvo que bajar a Chilpancingo y protestar.
Pidieron que la ayuda llegue, que llegue ya, y que se entregue directamente a las autoridades comunitarias, no a personajes conocidos de algún político. Señalaron que la Constitución ahora establece que las comunidades indígenas son sujetos de derechos y eso debe aplicarse.
Abel Barrera Hernández explicó que los pueblos se han organizado comunitariamente para enfrentar el desastre, y tanto hombres como mujeres se han sumado a los trabajos para la recuperación, sin embargo, dijo, el gobierno no debe desentenderse.
“No se les puede seguir cargando a los pueblos el olvido, la desatención, el trato discriminatorio y la falta de presupuesto”, señaló.
