* En la explicación, dos organizaciones hacen un recuento de agresiones a activistas políticas o funcionarias
REDACCIÓN /
Acapulco, 30 de mayo de 2017. A través de la plataforma Change.org, la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y la Red de Mujeres en Plural lanzaron una petición al Congreso del estado de Guerrero para que apruebe “con carácter de urgente, una reforma integral para tipificar y sancionar la violencia política contra las mujeres en el Código Penal, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todas leyes locales.
En su planteamiento, la organización señala que pese a los avances en el acceso de las mujeres a la representación política, son múltiples las resistencias que han enfrentado, entre ellas el asesinato, amenazas, agresiones en redes sociales y medios de comunicación.
El más grave de los casos fue el secuestro y asesinato de la entonces precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aidé Nava; la candidata a diputada local de Morena a la alcaldía de Acatepec, Valentina Rosendo Cantú, fue perseguida en la carretera, tras lo cual se accidentó y renunció a la candidatura; Silvia Romero, candidata a diputada local del PRI, fue secuestrada durante la campaña y liberada más tarde; Hermelinda Cayetano Tiburcio, candidata de Morena a diputada federal, sufrió robo e intento de secuestro por hombres armados en la campaña; Felícita Muñiz, presidenta municipal de Apango, por Movimiento Ciudadano, ha sufrido amenazas y agresiones por un grupo opositor que desde la campaña intentó impedirle llegar a la alcaldía, y cuyas tres casas fueron saqueadas por el mismo grupo, una camioneta de su propiedad fue incendiada, para que la sustituya el síndico, quien encabeza las protestas.
Otros casos son el de la regidora de Iguala, Martha Tood Mena, y la funcionaria del municipio de Ometepec, Yareth Saraí Pineda Arce, quienes han sido objeto de difamaciones y publicaciones denigrantes contra su persona, su aspecto físico y su vida personal en redes y medios de comunicación.
Pese a todo ello, y de que el desde el año pasado hay dos iniciativas propuestas por las diputadas Rosaura Rodríguez Carrillo, del PRI, y Yuridia Melchor Sánchez, del PRD, la Comisión de Justicia –que encabeza el priista Héctor Vicario Castrejón- se ha abstenido de dictaminar las propuestas y someterlas al pleno para su aprobación.
