* La norma se pretende aplicar en particular a os servidores públicos, explicó el diputado Marco Antonio Cabada
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Chilpancingo, 16 de mayo de 2021. Para que las mujeres tengan un pleno desarrollo en el ámbito profesional, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso adicionar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y considerar como faltas administrativas graves los actos de violencia de género contra las mujeres, sancionando a los servidores públicos que los cometan.
El diputado refiere que la violencia de género, en sus distintas formas y expresiones, lamentablemente sigue siendo una constante en la sociedad del siglo XXI porque los marcos jurídicos no reconocen derechos esenciales de mujeres y niñas, y peor aún, dificultan su acceso a la justicia ordinaria en situaciones adversas.
Indica que el principio básico de justicia social en una democracia moderna exige que el ámbito de las políticas públicas contemple criterios de eficiencia y eficacia, además de la participación equitativa en la toma de decisiones; de tal forma que hombres y mujeres definan con mejores criterios las vías de solución a los problemas públicos que se les presentan.
Señala también que uno de los criterios implícitos en la administración pública moderna y democrática es la perspectiva de género, y que la inclusión de ésta implica la presencia necesaria de mujeres en el análisis de las políticas públicas, lo cual es esencial para el éxito de las mismas.
Además, expone que el hecho de que la mujer no sea aceptada en un puesto de primer nivel en la administración pública por el simple hecho de ser mujer, es discriminatorio y viola sus derechos humanos. Por ello, con esta propuesta busca que las mujeres estén en igualdad de circunstancias con el varón y que se les ofrezca el desarrollo pleno en el ámbito profesional, sin menoscabo de su vida personal.
Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen respectivo.
En la misma sesión, Cabada Arias presentó una iniciativa de adición a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual busca garantizar la integración plena y total de las mujeres a la vida democrática y productiva del estado, así como la protección integral de sus derechos, incluyéndolos textualmente en dicho ordenamiento.
En la iniciativa que se turnó a la Comisión Para la Igualdad de Género, el legislador expone que los principios fundamentales de esta Ley deberán ser adoptados en las diversas políticas públicas, que articule el Estado y los Municipios, y se basarán en la integración plena y total de las mujeres a la vida democrática y productiva de la entidad.
Resaltó que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, muchos de los cuales hoy resultan familiares y cotidianos, ha significado una lucha tenaz y de gran esfuerzo por parte de este sector a lo largo de la historia.
