* La justicia laboral presenta problemas en su funcionamiento, ya que sus instituciones y procesos fueron creados en una condición histórica, señala la diputada
REDACCIÓN /
Acapulco, 11 de enero de 2018. Para transferir la impartición de justicia del trabajo del Poder Ejecutivo al Judicial y este conozca y resuelva los conflictos laborales, la diputada Érika Alcaraz Sosa propuso reformar diversos ordenamientos legales.
En tribuna, la diputada señaló la importancia de estas reformas a la Constitución Política local y a las Leyes de la Administración Pública del Estado y Orgánica del Poder Judicial, para estar acorde con las recientes reformas y adiciones a las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.
La legisladora refirió que la justicia laboral presenta problemas en su funcionamiento, ya que sus instituciones y procesos fueron creados en una condición histórica, contrastando con la que se vive actualmente.
Manifestó que en los últimos años, en México se han realizado importantes esfuerzos por modernizar las instituciones de impartición de justicia en el ámbito laboral; sin embargo, se han mantenido prácticamente intactas en su estructura y proceso desde su fundación, a fines de 1920.
Por ello, aseguró que se debe hacer una profunda transformación del sistema de justicia laboral, alcanzando a las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal.
Y agregó que el objetivo es acabar con todo espacio susceptible de prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica.
Para incorporar dentro del capítulo de omisión de cuidado y auxilio una agravante para los descendientes y cónyuges que abandonen a las personas de la tercera edad, el diputado Mauricio Legarreta Martínez propuso adiciones al Código Penal del Estado.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó iniciativa de reformas a la Ley del Registro Civil para establecer que la nulidad administrativa de acta de estado civil procederá cuando exista duplicidad de la misma y en los casos en que los registros que se hicieran sobre menores o adultos que tuviesen la nacionalidad extranjera impidan tramitar correctamente la doble nacionalidad.
El dictamen de adiciones a la Ley del Registro Civil del Estado quedó de primera lectura y continúa con su trámite legislativo.
A propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el presidente de la Mesa Directiva realizó excitativas a las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y Derechos Humanos para que presenten a la brevedad los dictámenes de las iniciativas de leyes del Sistema Integral de Atención y Apoyo a los Estudiantes de Escuelas Públicas y de los Derechos Estudiantiles del Estado.
A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación se turnó el escrito enviado por el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, donde solicita que se deje sin efecto la licencia otorgada y su reincorporación al cargo y funciones de presidente municipal.
También se turnaron los oficios de grupos de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del Ayuntamiento, donde solicitan al Congreso la aplicación de una auditoría a la administración de Marco Antonio Leyva Mena por el periodo del 1 de octubre de 2015 al 16 de octubre de 2017.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja intervino sobre la presencia de personal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los casos de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad.
Y en relación a la Ley de Seguridad Interior, el diputado Silvano Blanco Deaquino comentó que con esta ley se pretende dar un marco legal para que el Ejército y la Marina participen en materia de seguridad pública, a pesar de que éstos no tienen las atribuciones ni capacitación para cumplir con dicha función. El legislador consideró que esto no es viable porque atenta contra las garantías individuales y los derechos humanos.
