* Los estados y ayuntamientos están facultados para expedir leyes en materia de asentamientos humanos, de movilidad y seguridad vial, expuso Leticia Mosso
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 11 de noviembre de 2021. Para garantizar que las personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes cuenten con tarifas preferenciales por el uso del servicio público de transporte, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.
En su exposición de motivos, la diputada representante del Partido del Trabajo señaló que el año pasado se publicaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconociendo a la movilidad y seguridad vial como un derecho de los mexicanos, por lo que se faculta a los estados y ayuntamientos a expedir leyes en materia de asentamientos humanos y de movilidad y seguridad vial.
Refiere también que este derecho se encuentra consagrado en diversas convenciones internacionales y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que constituyen un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y que están vinculados, entre otros derechos humanos, con la movilidad y el derecho a la vivienda de las personas.
Asimismo, indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis “Personas con discapacidad. Derecho humano a la movilidad personal”, en que hace referencia a la obligación de los estados de adoptar medidas efectivas para asegurar que estas personas gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, ya que constituye el respeto de su dignidad y el ejercicio real de sus derechos humanos.
En ese sentido, la legisladora considera que la vida independiente y la integración en la comunidad de las personas con discapacidad no sólo deben garantizarse a través de la infraestructura, sino mediante el acceso a servicios de asistencia, como la movilidad, ya que la falta de opciones seguras y eficientes de ésta repercute en el acceso a los servicios de salud, educación y alimentos, vulnerando aún más a este sector que usualmente manifiesta un mayor grado de pobreza, desnutrición y analfabetismo, entre otras carencias sociales.
Por todo lo anterior, la iniciativa que analiza la Comisión de Transporte tiene como finalidad garantizar que las personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes cuenten con tarifas preferenciales en el transporte público, a consideración de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, basados en estudios técnicos que realice la misma dependencia.
Dichos estudios deberán considerar criterios como el impacto de interés social, costos diarios de operación, y se incluirá un razonamiento técnico de las tarifas preferenciales para estos sectores, ya que de acuerdo con el censo 2021 del Inegi, en Guerrero hay aproximadamente 440 mil personas adultas mayores y una población estudiantil de 1 millón 066,799 en los niveles de primaria, secundaria, educación media superior y superior.
