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Chilpancingo, 19 de junio de 2022. El diputado Raymundo García Gutiérrez presentó una iniciativa de reformas a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para que la aplicación de multas dictadas por el Tribunal Laboral sea con base a la Unidad de Medida y Actualización y con cargo a las administraciones municipales, no a los representantes legales o síndicos.
Además, para que los ayuntamientos destinen una partida presupuestal de por lo menos el tres por ciento de los ingresos autorizados por el Congreso del Estado en el Ejercicio Fiscal del año anterior inmediato, que sirva para el cumplimiento del pago de indemnizaciones a trabajadores, conforme a la prelación que corresponda.
García Gutiérrez externó que sus propuestas pretenden definir el procedimiento de ejecución de los laudos laborales para que no sean los síndicos procuradores de las administraciones municipales en quien recaiga la responsabilidad de la multa por el no cumplimiento de los laudos dictados en otras administraciones, sino que sea a cargo del municipio, ya que dichos funcionarios no tienen facultades para ejercer el gasto público. Es por esto, precisó el legislador, que se hace necesario modificar los citados ordenamientos legales, sin que ello signifique afectar el derecho de los trabajadores.
García Gutiérrez explicó que los ayuntamientos enfrentan serios problemas económicos por laudos laborales, ya que según datos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del año 2000 hasta agosto del 2018 se han recibido un total de cinco mil 641 demandas laborales de trabajadores despedidos, de 80 de los 81 municipios, lo que representa adeudos estimados por el orden de los 3000 millones de pesos, situación que pone en riesgo la estabilidad de los municipios y que debe ser atendido de manera oportuna; de lo contrario, repercute en la ejecución de obras y servicios, afectando a la población.
Abundó que dicha problemática ha sido de conocimiento del Congreso del Estado porque los ayuntamientos municipales le solicitan constantemente una ampliación presupuestal o partidas especiales de presupuesto, préstamos o contratación de empréstitos, mismos que se les han negado por cuestiones legales.
Las reformas mencionadas pretenden regular los salarios caídos en base a la Unidad de Medida y Actualización, y que las administraciones municipales cuenten con el financiamiento necesario para cubrir adeudos, sin afectar las finanzas de los ayuntamientos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, para su respectivo análisis y dictaminación.
