ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ /
Ciudad de México, 07 de diciembre de 2020.
La reportera llegó por primera vez a la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Encontró un sitio muy atrás. Levantó la mano varias veces sin que le concedieran hablar. Cuando el Presidente escogió a otra periodista para la última pregunta, ella no disimuló su ansiedad y alzó la voz anorteñada:
-¡Disculpe que interrumpa, pero yo vengo de Sinaloa y requiero que me escuche!
El presidente reaccionó:
-¿Por qué no le prestan el micrófono? -Era la mañana del 25 de noviembre.
Ella, entre nerviosa y compungida olvidó decir su nombre y comenzó a relatar una historia de casi 13 años de penurias que sería inaudita en otro país…
–¡Esa reportera se parece a Judith, la que trabaja de Río Doce, el semanario donde trabajaba Javier Valdez! –pensé, también sorprendido por su arrojo en esa tribuna presidencial.
No la reconocí de inmediato por el rostro castigado de angustias o porque quizá, en lo interno, me negaba a aceptar que fuera la misma reportera amable y jovial que conocí siete años antes. Es que sus palabras reflejaban un padecimiento que pocos conocían, yo entre ellos. Pero sí era Judith Valenzuela Ortiz.
La vi, por vez primera, en octubre de 2013 en Culiacán. Ella y otros diez colegas activos en varios medios se inscribieron a la cátedra de Periodismo que me concedió el Colegio de Sinaloa. Le recuerdo como una colega muy profesional y pulcra para sus trabajos. En 2015 se anotó nuevamente a la segunda cátedra que impartí.
Desde 2008 Judith trabajó como editora, reportera y en otras tareas en el semanario Rio Doce, un periódico acreditado nacionalmente en investigación de asuntos políticos y narcotráfico. Ella me llevó a conocer sus instalaciones y me presentó a Javier Valdez. Los tres nos identificamos amistosa y profesionalmente. Javier, el excepcional reportero narrador fue asesinado en mayo de 2017.
Judith ha sido de las impulsoras de algunas jornadas para que se haga justicia por el asesinato de Javier; igual participa simultáneamente en actividades del Colegio de Periodistas de Sinaloa y de la asociación 7 de junio, especialmente en asuntos de superación profesional. A colegas así, siempre se les desea buenaventuras. Pero…
El sistema judicial
En poco espacio es imposible reflejar los padecimientos de Judith al trabajar en uno de los estados más riesgosos para periodistas y toparse con partes podridas del llamado sistema de justicia.
Ella describió segmentos en Palacio Nacional el 25 de noviembre, otros en la conferencia de prensa que ofreció con sus abogados el 30 de noviembre, algunos más en un texto que compartió a colegas. Véanse algunos hechos:
Ella asume (y es totalmente creíble) que todo fue por su labor profesional de periodista:
En 2008 cuando Rafael Méndez, su hijo, cumplía 20 años, fue secuestrado por policías en Valle de Bravo, Estado de México.
Esos policías estatales, otros federales y algunos militares lo torturaron hasta que aceptó firmar una confesión de pertenecer a la familia michoacana.
Un estudio médico independiente comprobó que Rafael “fue sometido a torturas durante seis horas: le destrozaron los dedos de la mano uno por uno, recibió golpes en los oídos e intentos de asfixia.”
Para confirmar la tortura, le han practicado a Rafael cuatro protocolos de Estambul, dos independientes y dos “oficiales”, estos del Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura del Estado de México. Todos concluyen que “sí hay evidencia física y secuelas mentales por acciones de tortura».
Aun así, cuatro años después un juez federal del Estado de México lo condenó a 10 años de cárcel.
El 2 de marzo de 2018 Rafael completó los diez años en presidio, pero no ha sido liberado porque insiste en que se investigue la acusación falsa y el suplicio aplicado.
Inconforme, Judith logró que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria del Comité de Derechos Humanos de la ONU conociera el caso de su hijo y reconfirmara la tortura. En sus observaciones finales, apunta que también “sufrió dislocación del hombro izquierdo y que sufre de otros traumas físicos y psicológicos.”
Ese grupo de la ONU emitió sus opiniones sobre Detención Arbitraria el 3 de mayo de 2019, lo turnó al tribunal de Suecia y este le ordenó al Estado mexicano la liberación inmediata del joven y la reparación del daño.
Ya pasó otro año y medio pero la juez federal del Estado de México que lleva el caso (María del Socorro Castillo Sánchez) no decide su liberación. El martes 24 de noviembre de 2020 había aceptado una audiencia, pero no se presentó.
Encubrimientos y corrupción
En los casi 13 años la reportera Judith Valenzuela no ha cejado. Gestionó amparos, revisiones del caso. Consiguió una resolución de la Suprema Corte de Justicia para que se investigara la tortura. Buscó y envió cartas a la fiscalía de Sinaloa, a la Fiscalía General, a instancias internacionales, al Presidente López Obrador. Y tras todas las dilaciones encontró, como constante, el encubrimiento de quienes deben procurar justicia, en este caso para ocultar la tortura.
Las dilaciones las confirmó el Grupo de Trabajo de la ONU:
“… algunos de los retrasos son inexplicables y los obstáculos burocráticos parecen exceder los que normalmente se podrían esperar dentro de un sistema de justicia penal atareado”. Y refiere cuatro de esos retrasos como intencionales.
La más reciente demora deliberada es de la juez Castillo Sánchez, quien cobró trascendencia nacional en julio de 2020 cuando liberó a José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, señalado por la Fiscalía General de la República como presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos y presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De esto el presidente López Obrador dijo en público que hubo corrupción “dinero de por medio” porque era increíble la versión de la juez que lo liberó «por errores técnicos.”
Esa juez también liberó a ex coordinadora de los penales federales, Celina Oseguera, acusada de complicidad en la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el 11 de julio de 2015.
Lo más reciente
Por todo eso llegó Judith a la mañanera del presidente López Obrador el 25 de noviembre. El presidente le aseguró que la entrevistaría ese día o al siguiente la secretaria de Gobernación y esta lo confirmó.
Pero, hasta un día después le buscó, vía WhatsApp, el licenciado Marcos Moreno de parte de Olga Sánchez Cordero para decirle que no sería fácil intervenir por las dificultades de la pandemia, pero que le ayudaría para que el Instituto de Defensoría Federal le asignara un abogado de oficio para así poder solicitar a la juez federal que dicte sentencia lo más rápido posible.
O sea, un procedimiento dilatorio más, ajeno a las promesas públicas del Presidente y de la Secretaría de Gobernación.
Judith se inconformó otra vez y actuó el jueves 3 de diciembre. Apeló directamente a la sensibilidad de Alejandro Encinas Rodríguez, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, para que conociera los pormenores del caso e interviniera. Encinas aceptó de inmediato y el encuentro entre ambos se realizó el viernes 4. Relata ella:
“Encinas me dijo que buscará el mejor medio para ayudarme a liberar a mi hijo. Yo le planteé tres opciones: 1.- acatar la recomendación de derechos humanos de la ONU que pide la liberación inmediata y reparación del daño; 2.- que salga libre por el acuerdo de AMLO para liberar presos por el Covid (ley de amnistía) y 3.- que se le otorgue el perdón tradicional del presidente. Lo de fondo es que quienes participaron en la detención arbitraria y tortura siguen enquistados en la fiscalía…”
Judith Valenzuela Ortiz, la periodista sinaloense requiere más solidaridad de nosotros, sus colegas.
