AULA VERDE, AC*
La confianza depositada en el discurso del inminente gobierno de México, abre la puerta de la esperanza a cambios fundamentales en la vida pública que procuren bienestar y equidad social, valores deteriorados ante el embate de la corrupción institucional causante de incontables daños; uno de ellos, el deterioro ambiental que hoy en día es motivo de debate en la Península de Yucatán, en donde empresas nacionales e internacionales violan la ley y atentan contra la biodiversidad de más de 3 mil comunidades.
Lo grave del asunto es la colusión de autoridades estatales, instituciones académicas y Asociaciones Civiles con los responsables de proyectos “de energías renovables” que atropellan los derechos de los pueblos mayas despojados, mediante engaños y desinformación, de cientos de miles de hectáreas en aras de una supuesta economía verde que lesiona sus derechos y que desdeña su cultura y su patrimonio tangible e intangible.
Los gobernadores de Yucatán, Rolando Zapata Bello (PRI); Campeche, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI); y el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González (PRI), amparados en el Acuerdo por la Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY) suscribieron el compromiso de apoyar a empresas nacionales y transnacionales en el desarrollo de megaproyectos como parques eólicos en los que se instalarán decenas de torres que invadirán con sus veloces aspas, “las mismas rutas y espacios que usan y buscan más de 70 especies de aves migratorias y más de 300 especies residentes; así como el mismo espacio y las mismas alturas que usan más de 15 especies de murciélagos”, de acuerdo con Juan Carlos Faller Menéndez.
Los titulares de Semarnat, Profepa y CDI de las entidades mencionadas han resultado ser muros de piedra contra las voces de los pueblos mayas que organizados, lograron, el pasado 6 de junio, que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, emitiera la sentencia definitiva a favor del amparo interpuesto por comunidades mayas del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, debido a que leyes nacionales e internacionales mandatan que las comunidades indígenas deben de ser consultadas cuando los proyectos de carácter público o privado les afecten.
A ese panorama desolador, se suma el caso de la Fundación Melipona Maya, una asociación civil con sede en Tulum presidida por Stephane Palmieri, quien es acusado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, de cometer biopiratería mediante el saqueo y extracción de colmenas de abejas meliponas, y el despojo y destrucción de jobones sagrados que son tradicionales en las comunidades mayas para la conservación de esas abejas, para, supuestamente, promover la tecnificación de la cosecha de miel y la industrialización de los productos que las meliponas crean en su proceso polinizador.
Pero la gravedad del asunto no para ahí, pues el señor Palmieri en franca violación a la ley y con la acción omisa de las autoridades ambientales del país y de Quintana Roo, comercializa ya los productos obtenidos con la bandera de un supuesto quehacer científico con el que se ostenta como el salvador de la especie Melipona Becheii, cuya extinción debe ser atendida.
Así, acusa la Asamblea Maya Múuch’ Xíinbal, que mediante un convenio de compraventa de miel y beneficios en donativos, con la firma francesa Ballot Flurin, desde hace años la Fundación Melipona Maya, AC, tiene a la venta en euros una línea de cosméticos con miel melipona que cuenta con una marca registrada y patentada con el nombre comercial Melipona, la cual es vendida en diversas tiendas a nivel internacional.
Y no solo eso, denuncia también que la señalada Asociación Civil y su creador, Stephane Palmieri, pretendía continuar con ese robo y biopiratería a través de una aparente legalidad mediante el protocolo de Nagoya, en contubernio con BIOMAR AC, la Semarnat, la Conabio, la Cooperación Alemana GIZ, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y de Pesca (Sedarpe); el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, la Universidad Intercultural Maya (con quien hace un par de semanas anunció cancelar ya convenios), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la farmacéutica francesa transnacional Expanscience.
Para ello, Palmieri obtuvo de la CDI un convenio para la realización de un proyecto con la implementación del protocolo de Nagoya, a través de la empresa Biomar AC en el que advierte que “en caso de no desarrollarse el Protocolo de Nagoya, entre el laboratorio francés y las comunidades indígenas de la zona Maya de Tulum, el recurso genético y los conocimientos tradicionales asociados a ella, quedará a disponibilidad de la empresa, pudiéndola patentar y gozar de sus beneficios de manera exclusiva y sin la obligación de compartir con los guardianes del recurso biológico”
Así, de esa dimensión, es el tamaño del despojo y afectaciones a los pueblos mayas que rechazan rotundamente el Protocolo de Nagoya, y pugnan al igual que múltiples organizaciones, por su cancelación y su contradictoria inclusión en nuestras leyes mexicanas.
Y de ese tamaño es también el reto que enfrentará a partir de diciembre próximo la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien tendrá la grave responsabilidad de realizar la consulta indígena más grande de la historia del país, y demostrar que la justicia socio-ambiental, la economía social autogestiva y solidaria, la transparencia y rendición de cuentas, y el bienestar de las comunidades y los grupos sociales como eje del bienestar de los ecosistemas, no son sólo palabrería hueca en su plan de Desarrollo ni en el nuevo gobierno.
La esperanza es confianza. ¡Veremos!
* Aula Verde es una AC mexicana en pro de la sustentabilidad y la protección de la biodiversidad y cultura de los pueblos originarios, con sede en la Ciudad de México
