* Celebra la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que la Comisión dará seguimiento al caso no obstante ese silencio oficial
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 09 de agosto de 2021. Por más de un año, el Estado mexicano, ya durante el gobierno de la Cuarta Transformación, ignoró olímpicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del activista Arturo Hernández Cardona, desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente en Iguala en 2013.
No obstante, la CIDH decidió continuar el proceso de revisión del caso para, en su momento, acordar la admisibilidad del mismo para que pueda ser evaluado por esta Comisión y en su caso, si hay elementos, pueda llegar a la Corte Interamericana.
La historia fue así: el 13 de mayo de 2020, la CIDH envió comunicación al Estado mexicano para solicitarle información sobre el caso de Hernández Cardona, en seguimiento a una solicitud presentada por la hija del activista Soledad Hernández Mena y la Red Solidaria Década Contra la Impunidad.
La CIDH dio al Estado mexicano un plazo de cuatro meses, sin posibilidad de prórroga, para responder, pero pasaron los cuatro meses y el Estado no envió ninguna información. El 24 de agosto, cuando faltaban 20 días para el vencimiento del plazo, a pesar de que fue advertido desde el principio de que no habría posibilidad de prórroga, el Estado mexicano solicitó una prórroga.
El 6 de mayo de 2021, la CIDH respondió a la solicitud con la misma postura inicial: no hay posibilidad de prórroga alguna porque el reglamento así lo precisa, y por tanto la Comisión continuará el trámite iniciado en busca de la admisibilidad del caso. No obstante, dejó abierta la posibilidad para que el Estado proporcione la información que se le solicitó aunque sea extemporánea.
Soledad Hernández Mena, que representa a la familia del activista social, se congratuló por esta decisión que ha tomado la CIDH, de continuar con el trámite, e hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a ser empático con los familiares de desaparecidos políticos y ejecutados extrajudicialmente.
“Hay que recordar la trayectoria de compromiso y lucha de mi padre, el activista Arturo Hernández Cardona con los sectores más desprotegidos, con los presos políticos, y con las comunidades indígenas, así como con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, señaló
A su vez, en un escrito firmado por el abogado Ernesto Rodríguez Cabrera, el teólogo Fray Julián Cruzalta Aguirre, el obispo vetero católico Óscar Pérez Solano, y los integrantes del comité directivo de la Red, María Magdalena López Paulino, Éricka Zamora Pardo, Efrén Cortés Chávez y Armando Vanegas Martínez, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, reiteró su solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emita el Informe de Admisibilidad.
