* Padres de los 43 acusan el intento estatal por frenar la sentencia del Tribunal Colegiado
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 25 de julio de 2018. Micrófono en mano, ante una multitud de reporteros, doña Blanca, madre de unos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, se pregunta: “¿Por qué ocultar, por qué están en contra de la sentencia, si ellos dicen que nada hicieron, que nada temen, por qué estar en contra, si ellos debían ser los primeros (interesados) en esclarecer este caso y se sepa la verdad?”
Luego, ella misma se responde: “Pero todos sabemos que son ellos los que han obstaculizado las investigaciones y sabemos que ahora ellos tienen miedo a que sean investigados y se sepa la verdad”.
En conferencia de prensa, los padres de los estudiantes desaparecidos anuncian sus estrategias para seguir luchando por hacer valer la comisión investigadora del caso Ayotzinapa, cuya creación fuera decretara por el Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas, sentencia contra la cual el Estado mexicano ha enfocado todas sus baterías o, como dice el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Mario Patrón Sánchez, una “embestida legal”.
En la conferencia de prensa, los padres estuvieron acompañados por los abogados Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Humberto Guerrero, de Fundar; Alberto Solís, de Serapaz y Mario Patrón Sánchez, del Centro Pro de Derechos Humanos.
Patrón Sánchez, quien llevó la conducción de la conferencia, criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya destinado todas las energías de su administración no para la búsqueda y la localización de los normalistas desaparecidos, sino para presentar 100 recursos legales para combatir la sentencia que crea la comisión investigadora.
Indicó que luego de que el Tribunal Unitario emitió otra resolución donde señala que es imposible dar cumplimiento a la sentencia, el caso se tendrá que regresar al Tribunal Colegiado, el cual después de revisarlo, deberá definir si persiste en la decisión de crear la Comisión Investigadora, y si es así, en ese caso se tendrá que ir a la Suprema Corte.
La cosa –dijo- es que no se están usando recursos públicos para buscar a los jóvenes sino para combatir la creación de la comisión. “Lo que estamos viendo es intento de frenar una investigación independiente e imparcial, a eso se destina”, agregó.
En su oportunidad, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, señaló que la sentencia del Tribunal Colegiado “vino a darnos esperanza”, pero la presentación de los 100 recursos legales demuestra una clara complicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto con los perpetradores de la desaparición de los jóvenes estudiantes.
“Entonces decimos, y le decimos a todo México, que no cabe duda de que Peña Nieto es responsable de este crimen”, señaló.
Por otra parte, Doña Blanca, madre de uno de los normalistas, se preguntó:
Mario Patrón, en otro momento, señaló que las investigaciones del GIEI y la CIDH determinaron que al menos hubo tres momentos en que participaron militares la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala; y se documentó que tres policías federales participaron en la desaparición del autobús con estudiantes; y la ONU determinó que marinos dieron muerte a un detenido, a quien torturaban. “En consecuencia –dijo-, hay razones por las que estas instituciones se niegan a ser investigadas, porque están involucradas”.
