* El ayuntamiento de Malinaltepec presenta el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 02 de octubre de 2018. Con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Ayuntamiento de Malinaltepec presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma al artículo 14 de la Constitución local.
Los demandantes fueron acompañados además por los diputados federales guerrerenses Rubén Cayetano García, Idalia Reyes Miguel, y Manuel Huerta, además del presidente de y el abogado de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales Sierra, y el consejero de la CRAC-PC, Sabás Arturo Espinobarro.
La controversia fue presentada por la síndica procuradora de Malinaltepec, Evangelina Martínez Bernardo y el alcalde Abel Bruno Arriaga.
El presidente municipal recordó que la reforma fue propuesta por el gobierno de Héctor Astudillo Flores y avalada por la pasada legislatura, de mayoría priista. Esa reforma, dijo, “viola los derechos de los pueblos indígenas, viola sus derechos a la libre determinación, se viola el derecho que tienen a organizarse internamente, que sean efectivos sus sistemas normativos indígenas y prácticamente consiste en que desaparece del texto constitucional local, la figura de la Policía Comunitaria, cuando ya era un avance muy significativo en la lucha por los derechos indígenas en el estado”.
Señaló que los pueblos indígenas se han organizado para presentar iniciativas, sin embargo, dijo que ha existido un desprecio hacia ellos por la en su momento mayoría priista en el Congreso local. Por eso ahora, al acudir a la SCJN, dijo, lo que se busca es que se vuelva a revisar el tema y se eche atrás esta reforma que fue, insistió, al vapor y “que transgrede los derechos de los pueblos indígenas, y fue regresiva”.
Por su parte, el abogado Rosales Sierra, señaló que básicamente lo que se alega es que la reforma viola el principio de progresividad establecido en la Constitución, porque el texto del 14 anterior ya reconocía a las policías comunitarias y las tareas de prevención del delito y hoy en día queda borrado.
Por otra parte, en Guerrero en 2011 se creó la Ley 701 de derechos indígenas, que con la reforma queda “abrogada de facto”. Señaló que también están impugnando la consulta que establecen los tratados internacionales, ya que los seis foros que dice el gobierno que realizó no fueron ni previos, ni tampoco adecuados, es decir, no se realizaron en los pueblos y ni siquiera fue invitada la CRAC, que es la destinataria de la reforma.
Rosales Sierra señaló que son 200 pueblos los que conforman la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y no fueron tomadas en cuenta.
El consejero de la CRAC, Juan Horta, señaló que además hay 40 pueblos de los bienes comunales de Cacahuatepec en Acapulco, y no tomaron en cuenta nada.
Señaló que como al gobernador Astudillo le faltan todavía tres años de gobierno, en esos tres años puede recrudecerse la regresión normativa, y señaló que “es un riesgo, que nos expone a ser perseguidos, encarcelados o asesinados, ese es el problema”.
Arriaga señaló que en Guerrero hay alrededor de 20 corporaciones civiles armadas, y algunas están señaladas como miembros del crimen organizado, pero a pesar de que la CRAC-PC es la única policía comunitaria reconocida en la Ley 701, ha sido la más reprimida, la única que tiene militantes presos.
El diputado Cayetano García señaló que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero hizo lo que pudo por abolir la Ley 701 que se aprobó apenas al iniciar su gobierno.
