* El guerrerense Arturo Álvarez Angli impulsa ordenamiento que abre puerta a violaciones a derechos humanos, derechos indígenas y amenaza a especies en peligro de extinción
* No hubo consulta a la sociedad, reclaman las organizaciones
REDACCIÓN /
Acapulco, 25 de febrero de 2018. El Centro para la Diversidad Biológica y la Red Mocaf alertaron que el Partido Verde Ecologista de México, que preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de diputados, prepara para este lunes 26 un albazo legislativo, y aprobar sin consulta a la Ley General de Biodiversidad.
De acuerdo con estas organizaciones, dicho ordenamiento abre la puerta a la violación de los derechos humanos y de los derechos indígenas, vulnera ecosistemas y amenaza a las especies en peligro de extinción.
En un comunicado, responsabilizaron al diputado federal acapulqueño Arturo Álvarez Angli, quien encabeza esa comisión, de ser el impulsor del albazo. El jueves pasado, relataron, Álvarez Angli convocó para aprobar sin cambios el proyecto, sin consultar a los pueblos indígenas y campesinos ni recabar la opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas, presidida por el PRI, ni la de Cambio Climático, presidida por el PAN.
El comunicado está suscrito por Alejandro Olvera, del Centro para la Diversidad Biológica; Amelia Arreguín, de Global Youth Biodiversity Network, y Gustavo Sánchez, de la Red Mocaf.
Entre los aspectos negativos de la iniciativa, se encuentran la privatización de los recursos genéticos del país y del conocimiento de los pueblos indígenas; que debilita las áreas naturales protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la utilidad pública de su conservación, y privilegiando los intereses de la industria minera y de la energética.
También, la iniciativa, de acuerdo con las organizaciones, adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y participación ciudadana; contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
Además, lejos de aplicar el protocolo de Nagoya hace una aplicación laxa y provoca conflictos entre las comunidades; dificulta la aplicación del Acuerdo de París, y limita que el gobierno mexicano cumpla con los objetivos del desarrollo sostenible.
Las organizaciones, integrantes de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, demandaron abrir a la revisión la minuta y detener la aprobación de la misma como pretende hacer el Partido Verde.
