ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
El Partido Revolucionario Instititucional (PRI) realiza en estos momentos una embestida contra el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.
Lo ha hecho a través del comité municipal que encabeza Fermín Alvarado Arroyo y a través del comité estatal, que encabeza Heriberto Huicochea Vázquez, pero también a través de la fracción del PRI en el Congreso.
El golpeteo se ha hecho visible a través de dos puntos: la celebración de las elecciones de comisarios en los últimos tres domingos, y la operación de las brigadas Hércules, cuya función es recorrer las colonias para recoger el sentir de los ciudadanos en torno a las carencias que tienen y tratar de ofrecer respuestas desde el Ayuntamiento.
El PRI ha alegado en torno a las elecciones de comisarios, que el gobierno municipal estuvo interviniendo para manipularlas en favor del PRD; y en cuanto a las brigadas Hércules, ha acusado que se trata de una estrategia partidista para posicionar al PRD y a la figura del alcalde.
Eso es lo que se ve en este momento. Sin embargo, lo que no se ve es una estrategia integral de ataques que han sido sistemáticos, con o sin razón, con y sin argumentos, aunque prácticamente sin resultados, a la figura del presidente municipal.
La estrategia la empezó Fermín Alvarado desde el primer día que asumió la dirigencia municipal el 4 de septiembre del año pasado con un discurso agresivo en el que dijo que el edil estaba “desubicado, confundido y más concentrado en el protagonismo y la confrontación estéril, improductiva y poco edificante”, que “medio asume” sus responsabilidades y lo hace “con improvisación, desdén y hasta con irresponsabilidad”.
Ese discurso, el priista lo mantuvo desde entonces día tras día, sin importar que hubiera o no motivo para el ataque. Llegó a acusar a Evodio Velázquez incluso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los homicidios dolosos que ocurren en el puerto, de haber ido a promover a Acapulco en Estados Unidos –cosa que hizo después el propio gobernador Héctor Astudillo-, hasta que encontró en las brigadas Hércules, y luego en las elecciones de comisarios, dos puntos controversiales que al menos le daban alimento a su crítica, la cual en algunos momentos fue secundada ya sea por funcionarios estatales o por diputados del PRI, y ahora, con motivo de la elección de comisarios, también por el dirigente estatal Heriberto Huicochea.
Atrás del golpeteo de Alvarado Arroyo –literalmente diario, desde que asumió el cargo- podría pensarse que hay un celo de oposición política, dado que el PRI fue derrotado por Velázquez Aguirre en elección pasada. Sin embargo, lo que parece es un acoso para impedirle el ejercicio de gobierno que le fue confiado por los ciudadanos acapulqueños en las urnas.
Son dos asuntos diferentes: uno es la crítica sana, natural y deseable de un partido de oposición; y otra es el afán de impedirle gobernar a quien legítimamente ganó la elección. La opción priista, sin embargo, parece estar en el segundo escenario.
El tema de la brigada Hércules es parecido al de las pensiones para adultos mayores que Andrés Manuel López Obrador echó a andar en el entonces Distrito Federal, y que fue duramente atacado por el entonces presidente Vicente Fox… para que después Fox y los gobiernos del PRI lo retomaran y lo extendieran por todo el país. Es probable que más adelante otros gobiernos priistas retomen lo que ahora critiquen y lancen sus propias brigadas para ver cómo andan las comunidades en los municipios que gobiernan.
Al final, se trata de un programa social de gobierno, cuyos resultados, buenos o malos, se verán con el tiempo; pero el gobierno de Acapulco tiene la facultad y el derecho de ponerlo en marcha. La misma vigilancia del PRI contribuiría a que se aplique como se ha anunciado, sin los desvíos que los priistas podrían temer.
El tema de las elecciones es grotesco. Aún no terminaba el primer domingo cuando el PRI ya anunciaba triunfos que después serían desmentidos por los comisarios en persona de las mismas comunidades. Pero lo más delicado es la disputa que el tricolor hace sobre la militancia de Juan Valadez Cisneros, asesinado en el Kilómetro 21, para demostrar que fue asesinado por motivo de las elecciones de comisarios, y para culpar directamente al alcalde, como si él hubiera ordenado el asesinato. Es como si se acusara a Héctor Astudillo (en ese momento alcalde de Chilpancingo) por la agresión de priistas contra Guillermo Sánchez Nava.
Las elecciones en el Kilómetro 21 habían ocurrido una semana antes, y el triunfo de la planilla priista no estaba en discusión. Sin embargo, en el primer momento, el PRI dijo que Valadez era “representante de la planilla ganadora”, después solo dijo que era priista, y cuando se supo que era perredista, alegó que sí, pero ya se había cambiado al PRI. También demandó que “desde el ayuntamiento no se proteja al homicida” cuando el responsable de investigar es el fiscal, que no está sujeto al Ayuntamiento.
Un problema de esta estrategia de Alvarado Arroyo, secundada ahora por el PRI estatal, es que abona a la exacerbación de los ánimos, y promueve la violencia, en un ambiente de por sí tenso por varias formas de violencia.
El otro, es que no proviene de alguien con autoridad moral. Alvarado Arroyo es el clásico golpeador priista, que se metió al Congreso de La Unión a defender a Rubén Figueroa Alcocer por la matanza de Aguas Blancas; que en su precampaña no vaciló en poner el mote de “Doña Blanca” a su contendiente priista César Flores Maldonado; que inició la tendencia de demandar laboralmente a las instancias en las que laboró: lo hizo en el Cobach, lo hizo contra Capama y contra el Tribunal Superior de Justicia, para lograr indemnizaciones millonarias. El caso del TSJ fue estrafalario: era diputado local y al mismo tiempo magistrado, y presentó su demanda cuando el pleno del TSJ decidió que no podía estar en los dos cargos y lo sustituyó. La historia de la incorporación de su equipo en dos gobiernos municipales de Acapulco también es soterrada pero esa merecería contarse aparte.
La moraleja es que los priistas deberían gobernar bien donde gobiernan, y dejar gobernar donde no lo hacen.
