* Regresan a su curul, diputados que perdieron en las elecciones pasadas
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 03 de julio de 2018. Con la finalidad de incorporar en el Código Penal del Estado como una agravante en los delitos de homicidio, amenazas y lesiones cuando éstos se cometen en contra de trabajadores de los medios de comunicación y sus familias, el diputado Eufemio Cesáreo Sánchez propuso reformas a este ordenamiento.
En la sesión de este martes, el legislador expuso que actualmente en varios estados existen casos documentados de ataques y amenazas a periodistas y sus familias por parte de grupos de la delincuencia organizada y de la clase política.
Dijo que de acuerdo a cifras emitidas por la organización no gubernamental “Reporteros Sin Fronteras”, se estima que en México se han documentado 45 casos de agresión en contra de periodistas, llegando a considerarse al país como uno de los más peligrosos para ejercer esta labor.
El legislador manifestó que actualmente el Código Penal del Estado de Guerrero no contempla la regulación de conductas ilícitas cometidas en contra de los periodistas y sus familias, y que la protección que se ofrece a través de dichas leyes no ha resultado eficaz ni idónea para inhibir los delitos en contra de éstos.
Por ello, propuso reformar dicho Código, para que si se demuestra que el delito fue perpetrado en contra de quien labore en un medio de comunicación, su cónyuge, sus parientes en línea directa o colateral hasta en cuarto grado, y que tuviera como finalidad obstaculizar o impedir el ejercicio de la libertad de expresión, o fuere en razón del desempeño de la labor periodística, se aumentará la penalidad hasta en un tercio del máximo de la pena prevista.
Además, que cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se aumente la pena hasta en una mitad de la sanción correspondiente a cada delito
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
También se turnó a la Comisión de Justicia el oficio enviado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, donde remite la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero.
En otro punto, se dejó sin efecto las licencias por tiempo indefinido de Jesús Martínez Martínez, Beatriz Alarcón Adame, Eusebio González Rodríguez, Luis Justo Bautista, Ignacio Basilio García, Ricardo Moreno Arcos y César Landín Pineda, para reincorporse al cargo y funciones de diputados integrantes de la LXI Legislatura.
En una segunda sesión, se reincorporó también en sus funciones de diputados a Yuridia Melchor Sánchez, Flavia García García, Rosa Coral Mendoza Falcón, María De los Ángeles Salomón Galeana, María del Pilar Vadillo Ruiz y Adrián Granda Castro.
Y la reincorporación de Felícitas Muñiz Gómez, Aviud Rosas Ruiz y Javier Vázquez García como presidentes municipales de Mártir de Cuilapan, La Unión y San Luis Acatlán, respectivamente, así como a María Antonieta Guzmán Visairo como regidora del municipio de Acapulco.
Además se aprobó la ratificación de entrada en funciones de Justino Altamirano Hernández al cargo de presidente municipal de Alpoyeca.
En tribuna, el diputado Mauricio Legarreta Martínez propuso exhortar al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores que solicite al gobierno de los Estados Unidos de América que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos contra migrantes indocumentados sujetos a proceso de deportación.
