* La diputada Jessica Ivette Alejo considera necesario modernizar a los ayuntamientos y establecer en la Ley Orgánica del Municipio Libre obligaciones sustantivas para los integrantes del Cabildo
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 12 de enero de 2022. Para que regidoras y regidores municipales informen periódicamente a los ayuntamientos sobre sus gestiones en la rama de la administración que les haya sido encomendada, así como de aquellas que le designe la o el presidente municipal, en su caso, la diputada Jessica Ivette Alejo Rayo propuso reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.
Al presentar su iniciativa en la sesión de este miércoles, expuso que las facultades y tareas que les corresponden a los regidores en los ayuntamientos, de acuerdo a la Ley en referencia, resultan insuficientes e ineficaces, para lograr el desarrollo y crecimiento esperados del municipio.
La legisladora externó que a pesar de las atribuciones conferidas a los municipios por la Constitución Federal y local, y la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero, no se ha logrado establecer una agenda efectiva que alcance el desarrollo, crecimiento y bienestar de la sociedad local.
Por el contrario, señaló que “la magnitud de los problemas políticos, jurídicos, administrativos, económicos y sociales municipales se ha intensificado en los últimos tiempos, y lejos de que los gobiernos municipales, al gobernar, disminuyan la brecha entre los contrastes sociales, tales como desigualdad, pobreza, marginación, desempleo, inseguridad, entre otros aspectos, se han incrementado”, apuntó.
Para estas razones, la diputada considera necesario modernizar a los ayuntamientos y establecer en la Ley Orgánica del Municipio Libre tareas sustantivas para los regidores que respondan a los intereses y objetivos de los ciudadanos de las comunidades y demarcaciones territoriales.
Acuerdos
Diputadas y diputados aprobaron por unanimidad un acuerdo parlamentario, propuesto por la Junta de Coordinación Política por el que la LXIII Legislatura autoriza desincorporar del servicio público, diversos bienes muebles propios y proceder con su baja definitiva del patrimonio del Poder Legislativo y su consecuente destrucción.
