ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ /
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2020.
La gran periodista Sara Lovera me compartió el texto íntegro de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley Nacional Por la Libertad de Prensa que presentó al senado de la república, el 11 de septiembre, María Soledad Luévano Cantú. Quizá mi colega supuso que podría analizarla y comentarla seriamente.
Algunas personas podrían pensar que se trata de una ocurrencia, de una broma, cuando lean las 14 páginas de esta iniciativa de la senadora zacatecana por Morena, porque con una sola ley quiere regular la ética de periodistas con un comité especial, obligar a todos los poderes públicos a que ofrezcan conferencias de prensa, bajar a 1 mil 50 millones el gasto publicitario federal (hoy es de un poco más de 3 mil millones), reducir ese gasto en estados y municipios y otras cosas.
Pero lo divertido se acaba y se torna preocupación al ubicar estas pretensiones en el contexto político actual de polarización porque Morena domina el Congreso de la Unión, porque algunas ocurrencias se convierten en acciones o políticas públicas o leyes y porque desde Palacio Nacional se estimulan las estigmatizaciones contra ciertos y medios y periodistas y no falta quien quiera legislar “para poner en orden a todos”.
Parece humorada
En un resumen muy forzado debe referirse que la senadora María Soledad Luévano Cantú quiere una ley de alcance nacional; convertir a la Secretaría de Gobernación en la autoridad principal; poner en un solo padrón a todos los medios de prensa nacionales, regionales y locales; y para mantener el control hacer dos encuestas nacionales al año: una, para saber de todos los medios de comunicación y otra de la credibilidad de cada uno de ellos
Pero no solo eso. También quiere que la experiencia de conferencias de prensa, como las mañaneras, se extienda a todos los responsables de los tres poderes federales y también a los de cada estado y municipio. Cada funcionario tendría que responder 30 rondas de preguntas en cada conferencia.
En la misma ley, la legisladora también quiere regular el “gasto de publicidad de Estados, Municipios y los tres poderes federales” dando “prioridad a la publicidad oficial enfocada a compañas sociales de concientización (sic)”.
Y pone cotos. En “los poderes ejecutivos de los estados y municipios, su presupuesto de comunicación social –propone- no podrá superar el 1% de los ingresos totales provenientes del cobro de impuestos del ejercicio fiscal anterior, en dicho calculo, no se podrá incluir participaciones federales”.
Para el poder ejecutivo federal, enuncia que “su presupuesto de comunicación social no podrá superar el 0.03% de los ingresos totales provenientes del cobro de impuestos del ejercicio fiscal anterior, en dicho calculo, no se podrá incluir ingresos petroleros”.
Si hasta aquí todo lo anterior sigue pareciendo broma debe saberse que, en el supuesto de que se aprobara, ese 0.03 por ciento de presupuesto para publicidad del gobierno federal significaría 1,050 millones de pesos para todo 2021 porque la Ley de Ingresos de la Federación de 2019 (LIF) previó ingresos tributarios por 3.5 billones.
La senadora y sus asesores parece que no se enteraron de que el gasto publicitario en 2019, del actual gobierno federal, fue de un poco más de 3 mil millones de pesos, (70 por ciento menos de lo que gastó en 2018 el régimen de Peña Nieto) lo que puso en jaque a la mayoría de medios, especialmente a los que dependen de la venta de espacios al sector público y ahora ella propone reducir otra tercera parte a la tercera parte ya reducida. El límite que propone ahora es de 1,050 millones.
Además, quiere otros cotos: “Las dependencias de los poderes ejecutivos federal y locales, no tendrán presupuesto de comunicación social propio, se ajustarán al presupuesto general del poder al que pertenecen” (…) y “tratándose de poderes, organismos y dependencias ajenas a los poderes ejecutivos nacionales y locales, el gasto total en comunicación social no podrá superar el 0.5% de su presupuesto total”.
Supercomité de regulación
Y para carcajada o espanto, la senadora propone un Comité de autorregulación para normar ese gasto, pero también las conferencias de prensa en todo el país y además velar por el “el respeto mutuo” entre funcionarios y periodistas. Esto significa normar a la prensa y a periodistas “cuando sobrepasen los límites de la ética”.
Este Comité de Autorregulación de la Prensa, según la iniciativa, sería “un organismo autónomo con presupuesto y personalidad propia, formado por una Presidencia y cinco secretarías (todos honorarios), que serán ocupadas por integrantes del gremio por un periodo de tres años sin posibilidad de reelección inmediata.”
“…en caso de que algún representante de los medios de comunicación incurra en actos que vulneren el respeto mutuo que debe existir entre los servidores públicos y los periodistas, el afectado deberá presentar una queja ante el comité de autorregulación y prensa y en caso de que resulte procedente, el comité deberá hacer un llamado público al periodista para comportarse con ética en el ejercicio de su profesión”.
¿Nos preocupamos?
De principio a fin, el documento rebosa confusiones entre temas y categorías y quiere legislar sobre lo que ya está normado. En los considerandos incluye algunos problemas del complejo ámbito de la libertad de expresión y los mezcla con otros del derecho a la información, con agresiones contra las y los periodistas; dedica amplio espacio en intenciones para defender a las personas que ejercen el periodismo en situación de riesgo, pero insiste en esa definición ambigua de que periodistas son todos los medios, plataformas o personas físicas que usufructúen la libertad de expresión.
La senadora Soledad Luévano tiene pocos antecedentes de conocer el complicado medio ambiente del periodismo y de los derechos de información y libertad de expresión.
Según su ficha más reciente en Wikipedia ella es contadora pública, fue subsecretaria de Finanzas del PRI en Zacatecas, luego directora de compras y oficial mayor del gobierno de Ricardo Monreal Ávila; dirigió la Unidad de Patrimonio y Finanzas del Partido del Trabajo. En 2014 ingresó a Morena y fue electa presidenta municipal de la capital, pero se truncó el cargo por impugnaciones. En 2018 fue electa senadora por la coalición Juntos Haremos Historia. Quien la conoce comenta que “se ha destacado por tener algunas iniciativas controvertidas.”
No es esta la primera iniciativa de ley para normar el gasto publicitario que algún legislador presenta a las cámaras. La más reciente la presentó Pablo Gómez y la llamó con precisión Ley de Propaganda oficial y allí propuso que el tope fuese de 0.3 por ciento del presupuesto general. Sobre este aspecto hasta diciembre de 2019 había en ambas cámaras seis iniciativas.
Hay otras que sí ubican con más precisión un solo aspecto. Por ejemplo, existen al menos cuatro que proponen reconocimiento, derechos, protección laboral y social para periodistas como personas físicas.
Pero hasta el momento nadie ha propuesto alguna que abarque tantos aspectos e incluso quiera, en una sola, también hacer obligatorias las conferencias de prensa, como las mañaneras.
Para regresar el buen humor a quienes se preocupen por esta singular iniciativa hay que informar que al inicio de 2020 había 2 mil 19 iniciativas presentadas por el Presidente, diputados, senadores y legislaturas locales pendientes de dictaminar o definitivamente “congeladas”. Seguramente porque muchas de ellas son producto de ocurrencias y otras por ignorancia o mal cálculo político.
Al buscar en los diccionarios el significado de Ocurrencia se dice de acciones de la persona que tiene humor o dichos o hechos festivos, “caprichoso o extravagante”, lo que apunta en sentido contrario a Cretinismo que se caracteriza por “un peculiar retraso de la inteligencia… y falta de talento”.
