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Chilpancingo, 27 de septiembre 2022. La diputada Angélica Espinoza García presentó una iniciativa de adición a la Ley de Transporte y Vialidad para llevar a cabo un procedimiento adecuado en casos de revocación de concesiones, que no deje al concesionario en estado de indefensión y garantizando el derecho de audiencia a las partes.
En su exposición de motivos, la legisladora de Morena planteó que es necesario resolver dos asuntos prioritarios en la prestación del servicio público de transporte: precisar causas y formas de cancelación y llevar a cabo un procedimiento adecuado que no deje al concesionario en estado vulnerable.
Abundó que es necesario cumplir a cabalidad el derecho de audiencia para que las partes sean oídas y vencidas dentro del procedimiento administrativo correspondiente, de acuerdo a la Ley y su Reglamento.
Señaló que los temas referentes al transporte público son asuntos prioritarios y de difícil regulación por los intereses que esa actividad representa; sin embargo, es de suma importancia realizar las reformas necesarias para regular y mejorar este servicio público que, de inicio, compete al Estado y se delega a particulares a través del otorgamiento de concesiones.
Lo que se busca, refirió, es establecer una causal de revocación de la concesión cuando la unidad que ampare a la misma se vea involucrada en el delito de homicidio debido a que el conductor se encontraba en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga o sustancia psicotrópica, o bien por las malas condiciones mecánicas de la unidad automotriz se produzca el mismo resultado.
“Es importante no seguir permitiendo la pérdida de vidas humanas por causa de accidentes provocados por unidades del transporte público que bien pueden ser prevenidas a través de conductores debidamente capacitados y certificados; por ello, es importante poder incluir a la presente reforma una causal de revocación de concesión, que obligue a la prestación de un servicio con responsabilidad”, abundó.
Otro tema que es necesario resolver, añadió la legisladora, es lo relacionado a los procedimientos administrativos que se siguen ante la Dirección General de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, en donde se observan diversas irregularidades en torno a los emplazamientos que se realizan a los interesados (concesionarios) en las delegaciones regionales, con lo cual se violan sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.
