* Efrén Cortés, sobreviviente de la matanza de El Charco y tío de la víctima, señaló que la Fiscalía no ha avanzado en nada, a un mes de los hechos
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 28 de noviembre de 2017. En la víspera de cumplirse un mes de la desaparición y posterior asesinato del estudiante universitario Jorge Cortés Carmona, en el municipio de Cuajicuilapa, Guerrero, las autoridades locales se han mantenido en total indiferencia, y no solo no han detenido a ningún responsable material o intelectual, sino que ni siquiera han contestado los requerimientos de los familiares y de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, que da seguimiento jurídico al caso, informó el sobreviviente de la matanza de El Charco y tío de la víctima, Efrén Cortés Chávez.
En una conferencia de prensa en la sede del Centro de Comunicación Social (Cencos), donde estuvo acompañado por la secretaria técnica y el abogado de la Red, Magdalena López Paulino y Ernesto Rodríguez Cabrera, Cortés Chávez señaló que el fiscal general, Xavier Olea Peláez, ha rehusado reunirse con los familiares y con la representación de la red.
Al no haber presentado ningún avance, dijo, existe la presunción de que la dependencia está protegiendo a los autores materiales o intelectuales, ya sean estos miembros de alguna corporación policiaca o civiles. Recordó que Jorge Cortés fue levantado el 29 de octubre por hombres armados a la salida del Oxxo de Cuajinicuilapa, y dijo que por el modo en que se cometió el crimen se deduce que los autores saben cómo ejecutar una desaparición forzada, la aplicación de tortura y la desaparición del cuerpo.
Cortés Chávez pidió al fiscal que con honestidad diga si no puede con el caso, y de ser así, que renuncie para que otro venga a hacerse cargo de la investigación.
“La Fiscalía no ha aceptado tener una reunión con la organización de la defensa legal internacional y local, hay un silencio total. Nos preocupa que el fiscal no haga nada; si no puede, que se vaya y que venga otro a investigar. Y también otra cosa: pensamos que esto podía tener un móvil político, porque lo cometieron gente que sí sabe sobre eso, utilizaron la desaparición forzada, la tortura y la desaparición del cuerpo. Eso no lo hace una persona común. Pedimos que se investigue a las autoridades locales, al director de seguridad pública en Cuauji, al presidente municipal, a las policías estatales, y al Ejército. Que se investigue a las instituciones, por qué ese crimen se cometió”, dijo.
