* Es necesario que se socialice y difunda el contenido de la iniciativa de ley que se presentó al Congreso para conocer la opinión de la sociedad, así como la de los expertos en la materia, dijo Ana Lenis Reséndiz
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 2 febrero de 2022. A la Comisión de Justicia se turnó un acuerdo parlamentario para que, durante el análisis y proceso previo a la emisión del dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de interrupción legal del embarazo, se convoque a audiencias públicas o reuniones con especialistas en la materia, representantes de organizaciones, grupos interesados y ciudadanos en general, para escuchar las diferentes voces en relación con el tema.
Dicho acuerdo que fue propuesto por la diputada Ana Lenis Reséndiz Javier (PAN), señala que el pasado 12 de enero del año en curso se propuso una iniciativa para modificar diversas disposiciones del Código Penal estatal, con el objetivo de despenalizar el aborto en la entidad.
La legisladora considera que por la importancia e impacto social que el tema ha generado, es necesario que se socialice y difunda el contenido de la iniciativa para conocer la opinión de la sociedad, así como la de los expertos en la materia.
Por ello, propuso que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de Justicia para que durante el proceso de emisión del dictamen convoque a audiencias públicas o reuniones para escuchar a especialistas, representantes de organizaciones y grupos interesados, así como a los ciudadanos en general, con el propósito de escuchar sus diferentes criterios.
También solicitó el apoyo y facilidades de la Junta de Coordinación Política para la realización de las acciones de participación ciudadana, como lo prevé el artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor.
Intervenciones
La diputada Leticia Castro Ortiz (Morena) participó en relación a los 105 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 5 de febrero, refiriendo que dicho documento promulgado en 1917 emana de una lucha revolucionaria cuyo objetivo fue construir un país con democracia, justicia, libertad, paz y reconciliación, a través de un marco normativo que a 105 años sigue vigente, aunque aún no se ha cumplido con la ruta marcada por los constituyentes.
