- Mujeres Colibrí estudió 23 municipios de Guerrero y documentó violencias estructurales en salud, justicia y trabajo
- Falta de datos desagregados invisibiliza las desigualdades que enfrentan mujeres indígenas y afromexicanas, concluye
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 29 de enero de 2024. Más de 60% de las mujeres indígenas y afromexicanas en Guerrero enfrentan racismo y discriminación estructural en servicios de salud, justicia y trabajo, según revela un estudio presentado el pasado 27 de enero en Chilpancingo. La investigación, desarrollada por el Colectivo Mujeres Colibrí durante cuatro años, incluyó 23 municipios de las regiones de la Costa Chica y La Montaña, y contó con la participación de nueve organizaciones de mujeres indígenas y afromexicanas.
“Documentamos cómo el racismo institucional afecta gravemente a las mujeres en diversos ámbitos, desde el acceso a servicios de salud hasta el trato degradante en procuración de justicia”, señaló el colectivo en su informe. La investigación destacó que Guerrero ocupa el sexto lugar nacional en muerte materna, un problema exacerbado por prácticas discriminatorias como las cesáreas impuestas y la coacción para firmar altas voluntarias, según relataron las mujeres entrevistadas.
En el ámbito judicial, las mujeres enfrentan revictimización, maltrato y la negación de intérpretes en su lengua materna, lo que desalienta las denuncias de violencia doméstica, agresiones sexuales y feminicidios. “El racismo institucional desvaloriza nuestras vidas y perpetúa las violencias que sufrimos en nuestras comunidades”, se señala en el informe.
La explotación laboral infantil y juvenil también fue otro eje de análisis. El estudio documentó que niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos son enganchados para realizar trabajo doméstico no remunerado a cambio de vivienda y comida en las cabeceras municipales, una práctica que refleja el racismo estructural. Además, las personas jornaleras migrantes carecen de políticas públicas que garanticen su seguridad durante el ciclo migratorio.
En términos agrarios, las mujeres enfrentan obstáculos significativos para acceder a la tenencia de la tierra debido a la falta de información en sus lenguas y la carencia de políticas específicas con enfoque intercultural. El informe resalta que la desigualdad en este ámbito limita sus derechos y perpetúa las brechas de género en las comunidades rurales.
La investigación, financiada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) en el marco del Programa Nacional Estratégico (PRONACES), propone una serie de recomendaciones legislativas y políticas públicas. Entre estas destacan la creación de programas con perspectiva intercultural, la recopilación de datos desagregados por género y etnia, y la implementación de acciones para erradicar el racismo estructural.
El evento contó con la participación de destacadas académicas como Ángela del Pilar Santamaría, abogada y experta en conflictos de paz de la Universidad del Rosario en Colombia, y la Dra. Irma Alicia Velásquez Nimatuj, antropóloga guatemalteca especializada en derechos de mujeres indígenas. Asimismo Marisol Alcocer Perulero, investigadora de la Uagro y coordinadora de la maestría en Estudios de las Violencias y Gestión de los Conflictos y Ana Grabiela Candela Garzón, catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales de Acapulco. Las académicas destacaron la importancia de este tipo de investigaciones para visibilizar las problemáticas y proponer soluciones desde un enfoque integral.
El estudio concluyó que el racismo institucional no solo limita el acceso a derechos fundamentales, sino que también pone en riesgo la vida de las mujeres indígenas y afromexicanas. “El racismo mata”, advierte el informe, “y para combatirlo es necesario construir políticas desde las voces de las mujeres que enfrentan estas violencias”.
