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Chilpancingo, 08 de junio de 2023. Diputadas y diputados de la LXIII Legislatura aprobaron reformas y adiciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para que los partidos políticos postulen como candidatos a personas de la población LGBTTTIQ+ en cualquiera de los 28 distritos electorales y dentro de las nueve primeras posiciones, además de una fórmula de personas con discapacidad.
Con estas reformas se establece, además, que el aspirante a candidato no deberá tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra el libre desarrollo de la personalidad, contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual, contra la libertad personal, ni delitos cometidos en contra de un integrante de la familia, ni por discriminación contra la dignidad de las personas.
Asimismo, los aspirantes no deberán estar inscritos en ninguno de los registros nacional, estatal o de otra entidad federativa como deudores alimentarios, ni ser personas sancionadas o inhabilitadas para el servicio público.
De la misma forma, se plasma que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado contará con un órgano Interno de Control que estará inscrito administrativamente a la Presidencia del Consejo General del mismo, dotado de autonomía y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones, cuyo titular será designado con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado.
Las reformas aprobadas son a los artículos 10 fracción IX, 13 BIS, 195 fracciones I y VI; 197 párrafo segundo; 201, fracción XXII; 204 fracción I; 205 párrafo I y fracción III; la denominación del Capítulo XI del título segundo; 211 párrafo primero y segundo fracción I, III, IV tercero y cuarto; 212 primer párrafo; inciso c) del segundo y tercer párrafo, 213, 214, 215, 216 y 219 fracciones III y IV; 230 último párrafo; 272 BIS; 274 primer párrafo; 364 fracción III y 396 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
Las adiciones fueron a los artículos X al artículo 10; los artículos 13 QUÁTER; las fracciones VII y VIII al artículo 195; las fracciones IV y V del artículo 204; artículo 205 BIS; artículo 272 QUÁTER; artículo 272 Quinquies y se deroga el segundo y tercer párrafo del artículo 10; las fracciones de la XII a la XXV del artículo 205, del mismo ordenamiento jurídico.
Al fundamentar el dictamen en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Jesús Parra García refirió que estas adecuaciones surgieron de una lucha y reclamo de varios sectores de la población, y que sin duda serán de gran repercusión en el proceso electoral 2023-2024.
Hoy se concluye, subrayó, en que no hay intereses personales ni mucho menos mezquinos para reformar este ordenamiento, sino que que el objetivo es dar certeza jurídica a la ley y los mandatos legales y judiciales vinculados con acciones afirmativas en la materia, así como generar las adecuaciones en la estructura orgánica del Instituto Electoral y de Participación ciudadana.
“Hoy más que nunca el derecho y respeto a las mujeres queda plasmado y se convierte en un requisito que ninguna persona violentadora de mujeres pueda convertirse en candidato. La Ley 3 de 3 contra la violencia se vuelve realidad en materia electoral”, apuntó.
Al razonar su voto a favor del dictamen de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Gabriela Bernal Reséndiz señaló que los derechos ganados por las mujeres y los grupos minoritarios representan un avance en la construcción de una democracia paritaria e inclusivas, y también para que los espacios de poder se blinden ante los agresores de niñas y niños.
Subrayó que se debe ser congruentes con esta generación y las que vienen, y ser justos con quienes han sido oprimidos y violentados durante muchos años, con miras a construir una nueva sociedad.
Razonó también a favor por el Grupo Parlamentario de Morena la diputada Angélica Espinoza García, reiterando que tales reformas contemplan la atención del gran problema social que representa la violencia por razones de género.
Abundó que hoy en día Guerrero ocupa el primer lugar en prevalencia de violencia en el ámbito familiar, con un 15 por ciento, y en las relaciones de pareja con un 47.6 por ciento, por eso la relevancia de que el Congreso local legisle para cerrar espacio a los violentadores con aspiraciones políticas, garantizando en todo momento los derechos humanos de las mujeres.
