* Se prevé la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica
REDACCIÓN /
Chilpancingo, Gro. 07 de agosto de 2021. La LXII Legislatura aprobó el viernes reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, con el propósito de garantizar el ejercicio de sus derechos y la atención a las y los adultos mayores, estableciendo las bases y disposiciones de políticas públicas que den certeza y seguridad jurídica a este sector.
Al fundamentar el dictamen, la diputada presidenta de la Comisión de Atención a los Adultos Mayores, María del Carmen Pérez Izazaga, externó que las y los integrantes de la Comisión coinciden con la promovente Teófila Platero Avilés (Morena), en el sentido de que la atención a este sector es de gran importancia y es obligación de los tres niveles de gobierno desarrollar acciones para su atención integral, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos humanos y una vida digna tanto en el entorno público como el privado.
Por lo anterior, la propuesta de reforma fue dictaminada en sentido favorable debido que se precisan los objetivos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; precisa también la conceptualización de violencia contra este sector y define los tipos de violencia que eventualmente pudieran ejercerse en contra de ellos, como la psicológica, física, patrimonial, económica, virtual, sexual, entre otras que lesionan su dignidad, integridad y libertad.
También contempla la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica, y marca las atribuciones y facultades de las secretarías de despacho del Gobierno del Estado que intervienen como autoridades en la aplicación de la Ley en mención, para la implementación de acciones y programas dirigidos a la promoción al empleo y asistencia jurídica laboral; acceso a la cultura y programas de vivienda.
Asimismo, incorpora al Consejo Directivo del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) a las secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Cultura, a efecto de ampliar el ámbito de atención gubernamental en materia laboral y cultural, y para que participen en el diseño y ejecución de acciones y políticas públicas en favor del sector.
