* El ex gobernador dijo que no es cierto que den información cuando toman las casetas, solo se dedican a cobrar
REDACCIÓN /
Acapulco, 05 de febrero de 2020. El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero propuso “realizar una evaluación académica” a los normalistas de Ayotzinapa “estos jóvenes que se preparan para ser maestros” y que este viernes se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal al intentar tomar la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol.
“No es cierto que el movimiento utilice las casetas para informar sobre el caso de los 43, lo cual resulta falso a todas luces pues no te entregan ni siquiera un volante sobre estos hechos tan lamentables y se dedican sólo a cobrar”, escribió el ex gobernador en su cuenta de Facebook.
Aguirre Rivero era gobernador del estado cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, en 2014, y por esta razón se vio obligado a dejar el gobierno un año antes de concluir su mandato. En la elección de 2018, intentó ser candidato a diputado federal en Ometepec, pero la movilización de padres de los normalistas y de los estudiantes, se lo impidió y se vio obligado a retirar su postulación.
Permanentemente ha sido acusado por los estudiantes de ser responsable -junto con otros actores, entre ellos el Ejército- de la desaparición de sus compañeros.
Los comentarios del ex titular del Ejecutivo guerrerense ocurren un día después de la confrontación con los policías por el intento de toma de la caseta de Palo Blanco, en la que los estudiantes utilizaron petardos contra los uniformados y en la que, según la información oficial, 37 policías resultaron heridos, 17 de la Guardia Nacional y 20 de la Policía Estatal.
“En el país, a propósito de banderas de lucha social y con el pretexto de ejercer estos derechos, se cometen robos a las empresas, se secuestran camiones, se bloquean las vías locales y federales, se incendian edificios públicos sin que la autoridad actúe”, escribió Aguirre Rivero.
Dijo que los autores de estos hechos transgreden la ley con la complacencia de las autoridades.
Desde 2014, las tomas de casetas se volvieron recurrentes en el país con el motivo de la exigencia de justicia en la desaparición de los 43 normalistas, pero en los últimos años esta práctica solo se mantiene en Guerrero, donde los normalistas -rara vez acompañados de padres de los desaparecidos- suelen abrir el paso vehicular y ser quienes cobran el peaje. Primero, cobraban 50 pesos, con la doble vertiente de fortalecer su movimiento y apoyar a la economía popular, ya que la autopista del Sol es la más cara del país y una de las más caras de Latinoamérica.
Después, la cuota se incrementó a 100 pesos, que es lo que actualmente cobran desde hace más de un año. El fin de año pasado, los normalistas tomaron la caseta durante el regreso de los turistas a la capital, lo que generó el paso de miles de vehículos.
“¿Sabe usted cuánto se recauda de las casetas de la Autopista del Sol mensualmente? -preguntó en su publicación Aguirre Rivero-. Una fuente absolutamente confiable me compartió que de 12 a 14 millones de pesos mensuales de las autopistas en Guerrero”.
Luego se preguntó: “¿cuál es el destino de estos recursos que, al amparo del movimiento de los 43, estudiantes de Ayotzinapa encapuchados se dedican a cobrar un día y otro también?”
Aguirre Rivero dijo que en la normal hay instalaciones para alojar a los estudiantes y se les proporcionan alimentos, no obstante lo cual, los normalistas “cuando participan en alguna movilización sustraen autobuses de distintas líneas de transporte, llegando al extremo de abandonar a los pasajeros, como ocurrió hace dos días en Chilpancingo. En el estacionamiento de la normal de Ayotzinapa existen autobuses para movilizarse a donde ellos quieren”.
Criticó que, en ese contexto, hace unos días, cuando la policía también impidió que los jóvenes tomaran la caseta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenara el intento de represión del gobierno federal contra ellos, y al hacerlo, no tomó en cuenta que “el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y castigar aquellas prácticas que afecten las finanzas públicas y los derechos de terceras personas”.
“La CNDH investiga hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el genocidio. La toma de casetas no se encuentra dentro de este catálogo”, precisó el ex gobernador.
Expresó que cuando los gobiernos estatal y federal decidieron hacer valer la ley e impedir la toma de las casetas, “los que se han dedicado a lucrar con este movimiento de inmediato protestaron victimizándose, porque ellos son los beneficiarios directos de estas acciones fuera de la ley”.
