* En un video, el centro de derechos humanos explica el caso de Arturo Campos
REDACCIÓN /
Acapulco, 26 de diciembre de 2017. El abogado del centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero –quien hoy es precandidato a diputado federal por la coalición Por México al Frente en el distrito 08 de Costa Chica- “utilizó el sistema de justicia, utilizó los penales federales, para criminalizar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, para criminalizar los sistemas normativos de la CRAC”.
A través de un video que el centro difundió este 25 de diciembre, se analiza el caso del consejero de la CRAC-Policía Comunitaria, Arturo Campos Herrera, quien estuvo cuatro años en prisión preventiva y fue liberado después de que no se le acreditó el delito de secuestro que el gobierno de entonces, encabezado por Aguirre Rivero, le adjudicó.
“Los juzgados federales han reconocido plenamente a la CRAC como autoridades plenamente establecidas, y ese criterio hoy en día se logró a pulso en varios amparos de varios procesos que Arturo campos enfrentaba, y los seis compañeros que fueron liberados anteriormente. También hay todo un caudal de resoluciones, de precedentes jurídicos que hoy en día tienen los tribunales federales y que sirvió de base para dictar la libertad e favor del compañero Arturo Campos”.
Además, dijo, “queda evidenciado que en nuestro país hay un uso excesivo de la prisión preventiva; él estuvo cuatro años en prisión preventivamente solamente siendo investigado”.
Campos Herrera fue detenido el 1 de diciembre de 2013, luego de participar en un mitin en Chilpancingo al inicio de la campaña Por la defensa de nuestra vida y libertad, para exigir la excarcelación de 12 policías comunitarios que habían sido detenidos en agosto de ese año.
El gobierno de Aguirre Rivero lo acusó del delito de secuestro agravado, con el argumento de que tenía personas secuestradas en una casa de seguridad. Pero no era tal: se trataba de detenidos del sistema de justicia comunitario, y la supuesta casa de seguridad era la Casa de Justicia de la Crac.
Durante cuatro años, la defensa llevada a cabo por el centro de derechos humanos de La Montaña Tlachinollan logró demostrar que los detenidos –que fueron en ese momento liberados o “rescatados” por el Ejército- eran parte un sistema de justicia legalmente reconocido.
