ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ /
Tres pequeñas novedades quizá positivas, se incorporaron estos días al medioambiente muy crítico del ejercicio periodístico en México:
– Una encuesta de El Financiero revela que los periodistas tienen más confiabilidad social que los medios de comunicación, el Congreso de la Unión y de la CNDH;
– La Asociación Mexicana del Derecho a la Información pide que los tiempos oficiales en los medios electrónicos inicien la primera campaña oficial en defensa de la libertad de expresión, especialmente contra el silencio provocado por los asesinatos de periodistas, que en “2019 ha sido el peor año”.
– La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México comenzó a difundir su Protocolo de Actuación para la Prevención, Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Comunicadores. Aunque le faltó considerar observaciones de los periodistas es el primero que se emite en algún estado.
Empero, para la prevención de agravios, que les resten vulnerabilidades y permitan a los periodistas obtener fortalezas y autoprotegerse, todavía no se percibe que ninguna entidad de gobierno ni educativa ni de organizaciones civiles haya iniciado una campaña de alcance nacional. Es tiempo ya.
El peor año: AMEDI
Llegó muy activa la nueva directiva de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). A fines de noviembre emitió un comunicado con varias propuestas y puso como eje los asesinatos de periodistas como el peor reflejo de la libertad de expresión.
“Sin que haya concluido 2019, ya se convirtió en el año más violento para los periodistas y la libertad de expresión en México, con 17 informadores asesinados durante el actual gobierno en 15 entidades del país”.
Informa que la cifra lo obtuvo de varias fuentes, pero en realidad son 22 desde el primero de diciembre de 2018, si su monitoreo se apegara a la definición de periodista de la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas (ver cuadro).
Coinciden los académicos de AMEDI en que la cuantía de crímenes y agravios son consecuencia de otro problema que los rodea: “la impunidad, inseguridad y violencia estructurales para el ejercicio periodístico y las libertades informativas”.
Al igual que otra decena de diagnósticos recientes reclama la acción de todas las entidades del Estado mexicano para “construir las condiciones de seguridad, legalidad, impartición de justicia, cultura de respeto y dignidad para que el trabajo periodístico se ejerza sin coerciones, censuras u amenazas para los periodistas, sin poner en riesgo su vida.”
Con esto y sus dos propuestas siguientes apenas esboza lo que debiera ser un programa nacional de prevención real para el ejercicio del periodismo, pero no desarrolla lo que debiera contener para que, entre otras cosas, las y los periodistas puedan tener fortalezas suficientes para autoprotegerse.
“Propone que los tiempos oficiales en la radio y la televisión también se utilicen para difundir campañas que coloquen en la agenda pública esta problemática, promuevan conciencia en la población y socialicen la importancia de la libertad de expresión, el derecho a la información, el respeto a la legalidad y al trabajo periodístico por ser asuntos de interés público.”
“El gobierno federal también debe acelerar la actualización de la Red Nacional de Radiocomunicación (Red Iris), utilizada para comunicaciones de seguridad pública, lo cual permitirá a las instituciones de seguridad tener comunicaciones idóneas para recabar evidencias sobre ilícitos, con el propósito de atender de mejor manera a toda la población, incluidos los crímenes contra periodistas.”
Identifican confianza en los periodistas
Para quienes siguen los fenómenos de la atmósfera de trabajo de los periodistas si resultó novedosa la encuesta que difundió el periódico El Financiero sobre índices de confianza en las instituciones. Pocos de estos ejercicios habían separado a los periodistas de los medios de comunicación. Por eso resultó revelador lo que indicó la muestra tomada telefónicamente.
La Marina y el Ejército son entre 10 instituciones las primeras que generan la mayor confianza entre los mexicanos. Le siguen el Presidente de la República, la Guardia Nacional, el INE, el Banco de México y luego los periodistas. Después el Congreso de la Unión, la CNDH, la Corte, los medios y al final la policía.
Este dato, de reiterarse en otras encuestas, será el punto de partida para justificar –si hiciera falta- programas oficiales de difusión que reivindiquen a las y los periodistas, separados de las empresas de medios convencionales por el rango de importancia social que tiene la labor personal, esencialmente de los reporteros.
Al respecto la AMEDI subraya:
“Es prioritario cambiar esta situación de violencia, impunidad y atentados a la libertad de expresión y, en consecuencia, al derecho a la información de los ciudadanos. La violencia a los periodistas violenta a México.”
Ya es indispensable que la próxima campaña de difusión sobre la importancia social de los periodistas, el periodismo y la libertad de expresión que preparan, desde la Presidencia de la República y el Mecanismo federal de la Secretaria de Gobernación, sea sobre la base de una sola metodología para monitorear tipos de agravios, de agresores, de agredidos, mapas de riesgo y todo lo necesario para disminuir la disparidad de diagnósticos y así poder definir mejor un plan nacional de prevención, como el que se les ha propuesto para reducir riesgos contra la integridad de quienes ejercen el periodismo.
