ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
El miércoles 8 de marzo, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) hizo una incursión armada en los bienes comunales de Cacahuatepec: tomó la comunidad de La Concepción, donde replegó a la Policía Comunitaria de la CRAC que opera en ese lugar con el consenso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y se instaló en Aguacaliente y El Ranchito, el entonque que va a otra comunidad estratégica en la lucha contra la hidroeléctrica: Salsipuedes.
La operación, en la que de la Upoeg utilizó armamento prohibido, como AR 15, AK 47 y al menos una metralleta Uzi, estuvo minuciosamente cuidada y comenzó el año pasado, cuando el empresario Gustavo Téliz conformó el llamado Grupo Cacahuatepec, con simpatizantes de la presa y de las gravilleras, de la mano del asesor del gobernador, César Flores Maldonado, para tratar de ganar terreno al Cecop, que enfrenta una crisis de división interna.
De esas reuniones salió un acta de asamblea que firman presuntas autoridades comunales, el 11 de noviembre del año pasado. El documento no especifica dónde se llevó a cabo, solo establece que son comisarios y delegados, e integrantes “de la mesa de los bienes comunales”, sin precisar tampoco que el comisariado en su conjunto enfrenta un proceso en el Tribunal Unitario Agrario por haberse conformado en una asamblea de afines, sin convocatoria.
Con esa acta cuestionada, la Upoeg entró a los bienes comunales. Sin embargo, hay un correlato que la organización pretende eludir.
Primero, en la zona hay una organización comunal que data de 2003, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intentó construir la presa hidroeléctrica La Parota, el ambicioso proyecto que costaría mil millones de dólares y tendría un tamaño equivalente a 12 veces la bahía de Acapulco, y por consiguiente haría desaparecer a varios pueblos y secaría el afluente del río Papagayo debajo de la cortina.
Los campesinos dieron desde entonces una lucha que se volvió internacional, y que originó que organismos como la ONU –a través de sus relatores especiales sobre derechos humanos, sobre vivienda digna y derechos de los pueblos indígenas-, Amnistía Internacional, y otros, estuvieran vigilantes del proceso. En realidad, no se trataba de cualquier proyecto. La presa era proyectada como parte del Plan Puebla Panamá, impulsado por Estados Unidos, cuando el encargado de este en México era Florencio Salazar Adame, el secretario de Gobierno actual en Guerrero.
La solidaridad con los comuneros que protegían su territorio fue horizontal y unánime: centenares de organizaciones sociales de todo el país y del continente, de Europa, Asia y Estados Unidos, les expresaron apoyo. El subcomandante Marcos del EZLN hizo un alto en Aguacaliente; Rosario Ibarra viajó expresamente a solidarizarse con los campesinos. Nada pudieron el gobierno de Vicente Fox, ni el de Zeferino Torreblanca Galindo, contra ese pueblo levantisco, y finalmente en 2008, Felipe Calderón declaró en Acapulco que el proyecto no sería retomado.
Sin embargo, la CFE continuó presupuestando, año con año, recursos para la presa, y al anunciar el proyecto Nuevo Guerrero, tras la devastación de Ingrid y Manuel, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de la “Hidroeléctrica Papagayo”.
Lo curioso de este anuncio es que no se volvió a mencionar durante la reconstrucción del estado, ni cuando oficialmente hace unos días los titulares de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Sedatu, Rosario Robles, y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la dieron por terminada.
¿Cuál fue el fondo del misterioso anuncio que hizo el presidente de la República en 2013?
La acción de la Upoeg parece arrojar algunas luces: primero fueron las reuniones de los simpatizantes del proyecto, auspiciadas por el gobierno; luego, la solicitud de estos a la Upoeg; y finalmente, la intervención armada. Todo en una sola línea.
Al apoyar con las armas a uno de los grupos en pugna, el de quienes impulsan la presa, el grupo de Bruno Plácido está tratando de tomar el territorio que la gente ha defendido con ahínco. Está haciendo el trabajo que no pudo hacer la policía de Zeferino Torreblanca, que tantas veces atacó a los opositores a la presa, ni siquiera el Ejército, que fue expulsado cuando logró entrar a alguna de esas comunidades.
Por supuesto que no es lo mismo (o no parece lo mismo) que el Estado a través de sus cuerpos policiacos tome el control violentamente, a que lo tome un grupo que dice actuar en consenso con la población. Pero el mismo Bruno Plácido lo dijo en una conferencia de prensa el 9 de marzo: “Se habla de un tema de seguridad, no de política pública ni de democracia”.
Si él mismo admite, y las estadísticas refuerzan, que los bienes comunales no son un área de alta incidencia delictiva, entonces tampoco se está hablando de seguridad. Se habla de otra cosa.
Bruno Plácido y sus policías no se toparán con armas como las que ellos llevan, eso es seguro. Solo estarán, como en su momento el Ejército y la policía, ante una población desarmada que exige su derecho al territorio –ese mismo que dice Bruno Plácido que no es de nadie- con dignidad.
El Estado no se atrevió a disparar contra esa gente para someterla. ¿La Upoeg le hará finalmente ese trabajo?
