ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
El viernes pasado, 12 elementos de la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (Upoeg) asesinaron a siete integrantes de una familia en el poblado San Pedro Cacahuatepec. Las víctimas fueron un adulto mayor, tres mujeres, dos menores y un bebé de cuatro meses. Otros dos niños permanecen heridos en el hospital.
La participación de los policías ciudadanos fue confirmada por su dirigente Bruno Plácido Valerio, quien dio en conferencia de prensa el número de ellos. Otro dato, confirmado por la Fiscalía General del Estado, es que, a diferencia de lo que Plácido Valerio argumentó el sábado, no hubo enfrentamiento.
Las víctimas estaban todas en el interior de sus domicilios, a puerta cerrada. Las balas atravesaron las endebles estructuras de lámina de metal y los mataron a todos. Fue, aunque Plácido rechace la palabra, una masacre. Seis cadáveres quedaron en el interior de los domicilios atacados y un niño falleció después en el hospital, según el reporte de familiares y la FGE.
Vistos los hechos, no hay nada que pueda justificar lo que ahí pasó. Ni la versión del líder de la Upoeg de que una de las mujeres victimadas era extorsionadora, ni de que hubo un enfrentamiento, ni mucho menos la suposición de que las víctimas hubieran disparado porque “la delincuencia no tiene edad”.
Tampoco se puede pretender que fue un simple error de policías ciudadanos inexpertos en el uso de protocolos policiacos.
Sin embargo, el caso va más allá de que se detenga y se sancione a los 12 que Bruno Plácido tiene registrados como actores de ese día.
Urge revisar el papel de la policía ciudadana de la Upoeg y exigir una definición de las autoridades. Ya el propio gobernador Héctor Astudillo ha dicho, con razón, que se trata de una agrupación que no está amparada por la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígenas.
La Upoeg nació como una organización social en La Montaña, enfocada a la lucha contra los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad; después se asentó en Tecoanapa, en un amplio movimiento por la defensa del agua, que un grupo caciquil apoyado por el Ayuntamiento le negaba a los pueblos de donde se extraía; y finalmente, en 2012, se levantó en armas como autodefensa en Ayutla. Varios de sus miembros, empezando por Plácido Valerio, pertenecieron antes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la cual se separaron y empezaron a movilizarse como policía ciudadana.
El carácter ciudadano implicaba ir más allá de la raíz indígena que caracteriza a la CRAC, para poder operar en zonas mestizas, como Acapulco, Tierra Colorada o Chilpancingo.
Con el aval de esta visión, con todo el apoyo del entonces gobernador Ángel Aguirre, que lo dotó de armas, uniformes y vehículos, la Upoeg empezó un desplazamiento que no termina, y que se ha caracterizado por la imposición de sus reglas –que tampoco son claras- en los lugares donde llega. En Acapulco (Xaltianguis y poblados aledaños) y Tierra Colorada, encontró oposición en los núcleos que la misma Upoeg había formado, y así nació el Fusdeg, con el que mantiene un enfrentamiento a muerte en disputa por el territorio. Suele decir Bruno Plácido que el territorio no es de nadie, pero en su conquista no se ha detenido por los muertos: 10 del Fusdeg fueron emboscados y asesinados por los de la Upoeg en Xolapa; un estudiante universitario que caminaba por la calle en Tierra Colorada murió cuando la Upoeg hizo un intento por entrar al municipio y se enfrentó con el Fusdeg. No hay, en ningún caso, una sola sanción.
El 8 de marzo pasado, los policías de Bruno Plácido irrumpieron –con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas- en los bienes comunales de Cacahuatepec, replegaron a la Policía Comunitaria de la CRAC que opera ahí desde hace tres años y establecieron campamentos en Aguacaliente, El Ranchito, Amatillo y San Pedro Cacahuatepec. El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, denunció que la Upoeg lo que pretende es crear un corredor de la droga en los bienes comunales, cosa que desde luego el propio Bruno Plácido ha rechazado. En Marquelia, la Upoeg mantiene bajo asedio a los periodistas del Diario Alternativo de la Costa Chica, y amenazó a una de sus reporteras con mandarla a reducación (cárcel, en otras palabras) por una nota que no les gustó.
¿Pero cuál es el interés de la Upoeg por ampliar su territorio? Ya está en Marquelia, en Ayutla, en Tecoanapa, en Acapulco, y busca con denuedo entrar en Tierra Colorada y Chilpancingo. ¿En verdad busca la seguridad de los ciudadanos? No parece. En los bienes comunales, por ejemplo, se alió con los caciques locales y simpatizantes de la presa, pero ha desoído a todas las voces que durante 13 años han dado una lucha organizada contra ella; en Tierra Colorada, parece que la consigna es entrar, sin importar que corra sangre.
Mientras, el gobierno del estado ha sido omiso frente a este grupo. Como organización social, valga decirlo, puede tener representatividad, y amerita diálogo; pero con armas, y eso ha quedado más que demostrado, es un verdadero peligro.
Después del asesinato de toda una familia, en la que no había más que tres mujeres, un anciano y puros niños, la Upoeg no puede, no debe, seguir armada.
