REDACCIÓN /
Chilpancingo, 9 de febrero de 2022. Este miércoles la Comisión Permanente aprobó un acuerdo parlamentario mediante el cual se instruye a la Junta de Coordinación Política para que ponga a consideración del Pleno los nombramientos de titulares de áreas administrativas y técnicas del Congreso del Estado
El acuerdo presentado por la diputada Susana Paola Juárez Gómez señala que para el buen funcionamiento del Poder Legislativo, aparte de las diputadas y los diputados, es necesario contar con una estructura orgánica que se encuentra especificada en la Ley Orgánica, y cuyos nombramientos corresponde al Pleno aprobarlos.
Indicó la legisladora que lo anterior no se ha cumplido y esto conlleva a un vacío legal en el ejercicio de atribuciones, ya que la Secretaría de Servicios Parlamentarios se encuentra acéfala, el director del Instituto de Estudios Parlamentarios nombrado por la anterior legislatura no ha renunciado, y existen nombramientos de “encargados de despacho”, figura que no existe en la Ley Orgánica.
Por lo anterior, y para redireccionar al Poder Legislativo a la legalidad, solicitó que la Comisión Permanente instruya a la Jucopo para que ponga ya a la consideración del Pleno los nombramientos de los titulares de las secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Financieros y Administrativos, del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, Dirección de Comunicación, y de las unidades de Transparencia y Anticorrupción y Para la Igualdad de Género.
Intervenciones
La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez participó en relación a las mejoras administrativas necesarias para el combate a la violencia obstétrica, al ser una de las problemáticas más complejas que afectan a la sociedad guerrerense y que forma parte de la agenda nacional e internacional, debido a que no sólo se refiere al maltrato psicológico, sino que sus efectos repercuten en la tasa de muerte materna.
La legisladora refirió que esté problema requiere de una atención multidimensional y de coordinación entre las instancias correspondientes, a efecto de lograr un pleno entendimiento de la paciente, mejor infraestructura y un trato digno a personas embarazadas, sobre todo las que viven en pobreza y marginación, o pertenecen a grupos originarios y afrodescendientes.
