*Denuncian que la empresa Mar-Ar Ingenieros no ha entregado el dictamen sobre los daños en los 177 edificios
REDACCIÓN /
Acapulco, 29 de noviembre de 2022. Habitantes de la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna interceptaron nuevamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien entregaron un sobre cerrado para denunciar que el proceso de indemnización por las viviendas afectadas tras el sismo del 7 de septiembre del año pasado, se encuentra detenido.
La empresa Mar-Ar Ingenieros, contratada por el gobierno federal con el aval del municipal de Acapulco y del gobierno del estado, no ha entregado a la fecha los resultados del dictamen sobre los daños en los inmuebles, mismo que primero dijo que entregaría en agosto, luego en septiembre, y a unos días de comenzar diciembre todavía no se sabe nada al respecto.
Los condóminos se reunieron en el estacionamiento del hospital Donato G. Alarcón de Renacimiento -rebautizado ahora como IMSS Bienestar-, donde esperaron la llegada del presidente. Antes del evento protocolario, lograron acercarse a él y entregarle el sobre cerrado, del cual no se pudo conocer su contenido.
En Pedregal de Cantaluna -unidad habitacional ubicada al poniente de Acapulco, en El Pedregoso-, el sismo de 2021 causó daños en varios edificios, pero, sobre todo, exhibió que estos fueron construidos de manera deficiente, violando todo tipo de normas de seguridad, sin cimientos ni pilares, y sin varillas entre los tabiques, que a su vez fueron construidos de una mezcla de arena y lodo por la empresa Opción Paquimé.
Hace un año, en una visita a Acapulco, el presidente López Obrador se comprometió a que el titular de Sedatu, Román Méyer, encabezaría un proceso para restituir su vivienda a los afectados, y sancionar a la empresa constructora -representada por Roberto Malvido Arriaga y Hugo Cuesta-.
En este proceso participarían el Infonavit, el Fovissste, el Isssfam, como principales responsables de la venta de esos edificios y de no haber garantizado la calidad de los mismos durante su construcción; así como la Comisión Nacional de Protección Civil, la Comisión Nacional de Vivienda, la Profeco, entre otras instituciones.
Sin embargo, a más de un año, los vecinos no tienen ninguna información precisa. Algunos de ellos relataron que el secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, les ha informado que en breve se dará a conocer el informe sobre los daños, pero solo da esta información a un grupo de personas, y no a la totalidad de los afectados.
Tampoco existe información respecto al proceso legal, que estaría en estos momentos en manos de la Procuraduría Federal del Consumidor, y aunque los condóminos han entregado la documentación que se les ha requerido, de todas maneras no hay información.
Esta tarde, el grupo de condóminos volvió a exhibir pancartas en el hospital de Renacimiento para demandar una solución.
Mientras tanto, de acuerdo con algunos testimonios, el Infonavit ha lanzado a los bufetes de cobranza para que los hostiguen con llamadas en las que les indican que la suspensión de pagos acordada por el presidente solo tiene vigencia de un año, y ese año ya se cumplió y deben pagar, sin menoscabo de que, aunque esté suspendido el pago, los intereses no se suspenden y la deuda crece entre más tiempo pasa.
En Cantaluna todavía hay alrededor de 50 familias que se mantienen en sus viviendas a pesar de que están en un riesgo inminente, porque argumentan que no pueden pagar una renta. En su pasada comparecencia ante los diputados locales, en la glosa del Primer Informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, señaló que estas familias no pueden ser desalojadas por la fuerza y reiteró que es muy alto el riesgo de que en un sismo similar al de 2021 los edificios colapsen y ellos puedan perder la vida.
En mayo pasado, la empresa Mar-Ar Ingenieros dio un adelanto de lo que estaba encontrando al hacer el análisis de los edificios, y mostró un mapa donde se observa que la mayoría tiene algún tipo de daño, y los que no lo tienen, podrían sufrirlo porque el problema es la forma en que fueron construidos. La mayoría está marcados en rojo, que significa riesgo muy alto.
Pero fuera de eso no hay ningún avance, y los vecinos que perdieron su vivienda volvieron a interceptar al presidente de la República, quien esta vez, en su discurso, no hizo alusión a ellos, como sí lo hizo el año pasado.
