ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 30 de septiembre de 2024. A finales de septiembre de 2013, menos de 15 días después del paso de los meteoros Íngrid y Manuel, el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció, con toda la cara de una amenaza, que se castigaría a los responsables de haber expedido licencias para construir viviendas en áreas de humedales de la Zona Diamante.
Incluso, el entonces director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, ubicó la responsabilidad entre los años 2002 y 2012, que fue cuando se otorgaron las licencias para construir las unidades habitacionales en zonas de humedales.
Sobra decir que el anuncio fue solo -como se dijo en una columna que publiqué por esas fechas- una cortina de humo. Nada pasó. Ni una sola persona fue sancionada. Íngrid y Manuel habían dejado inundada toda la zona desde Llano Largo hasta el bulevar de Las Naciones y los alrededores, de un modo parecido a como lo hizo esta vez el huracán John.
Ahora, con la historia repetida y sin ninguna sanción de por medio, reaparece el tema de las responsabilidades en ese caso. El exalcalde Alberto López Rosas puso sobre la mesa la cuestión con un mensaje en su cuenta de Facebook, en un texto que tituló “Diamante, humedales y la desilusión”. En él, aunque sin nombrarlo, pone la responsabilidad en el ex alcalde Zeferino Torreblanca Galindo, ya que fue en su período en 2001, cuando se modificó el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana (PDUZM) y se publicaron las normas complementarias para permitir la construcción de unidades habitacionales en esa zona.
Tiene razón en parte López Rosas. Después del huracán Paulina, el ex presidente Ernesto Zedillo impulsó un ambicioso proyecto para reordenar y reconstruir Acapulco, en el cual puso al frente al empresario -que después sería también alcalde- Luis Walton Aburto, y le correspondió a Zeferino Torreblanca lanzar la convocatoria a los colegios de profesionistas, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y un amplio espectro de especialistas, para crear el Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana, con lo que se concretó la construcción de las unidades habitacionales.
Pero es inexacto, tanto dicho por Korenfeld como por López Rosas, que ahí haya empezado todo, pues una década antes, en 1992, cuando se creó dicho plan, comenzó la construcción la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio, pionera en la ocupación del área para vivienda, y un conjunto constantemente afectado por las inundaciones.
Y, además, los responsables no solo deben buscarse entre quienes modificaron las reglas -lo cual es importante- sino también en la corrupción. ¿No sabían que todo Llano Largo se inundaba año con año, y por eso nadie lo habitaba? ¿Conagua no tenía en su registro de zonas de humedales detectada a esas tierras como de uso exclusivo para siembra? Pero hay casos grotescos, como Campestre de la Laguna, una unidad habitacional que López Rosas cita en su texto, que se construyó en un área de alto riesgo y que con el tiempo debió ser declarada como inhabitable. En ese caso, no solo hubo responsabilidad por parte de los empresarios, por Semarnat, que debía otorgar la Manifestación de Impacto Ambiental, sino también por el Fovissste, ya que fue a través de ese instituto como se comercializaron las viviendas. Una responsabilidad agregada es para los líderes de colonos -Rosario Merlín y Juan Mendoza Tapia, asesinado en 2016, entre otros- que después invadieron esos edificios a pesar de la declaratoria que existía sobre ellos.
Korefeld, en su señalamiento en 2014, había puesto la mira en la década (2002 a 2012) en que, salvo con el priista Manuel Añorve, Acapulco tuvo gobiernos perredistas, lo que le daba una clara connotación política.
Ahora, 32 años después de que se creó el PDUZM parece urgente hacer una revisión de lo que se hizo ahí. Tal vez los posibles delitos hayan prescrito ya, pero, sin duda, parece que deben aplicarse medidas radicales. ¿Será viable declarar inhabitable la zona? ¿Podría pensarse en un proceso de compra, aunque sea similar a las ventanas ecológicas en de la Costera, para ir desalojando esas áreas y sustituirlas por jardines, alboradas, y tratar de regresar al uso de humedales que tenían? ¿Tendrá sentido convocar a la sociedad a un debate sobre este tema?
Algo, sin duda, debe hacerse. De otro modo solo queda esperar el siguiente desastre: salvar otra vez la vida, comprar muebles otra vez, llorar de nuevo las pérdidas, y volver a esperar la nueva desgracia.
